La Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenaron enérgicamente los ataques de las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Defensa contra periodistas, a quienes han señalado públicamente como enemigos del Estado.
El episodio ha sido calificado como una escalada sin precedentes en la intimidación sistemática contra la libertad de expresión y de prensa en Honduras.
“Han pasado de ser una amenaza velada a la libertad de expresión, a convertirse en una amenaza a la integridad de los periodistas desde la estructura del Estado, algo que ni siquiera se vio en la Guerra Fría”, advierte la AMC.
La AMC lamentó que sean precisamente las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Defensa, instituciones que ostentan poder delegado por el pueblo hondureño, las que se alcen contra la libertad de expresión, poniendo en peligro las vidas de periodistas que ejercen un periodismo independiente, responsable y serio, “siendo baluartes en la defensa de la democracia”.
“La actitud tanto de las FF AA como de la Secretaría de Defensa no compagina con la tolerancia que están obligadas a guardar ambas por la Ley, al régimen de opinión pública, cuya labor está establecida en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, la Declaración de Chapultepec y la Ley de Emisión del Pensamiento en Honduras como derecho y obligación de los medios de comunicación, para garantizar las libertades de la sociedad”, condenó la AMC.
Asimismo, exhortó “con urgencia la protección inmediata de los periodistas Rodrigo Wong Arévalo, Dagoberto Rodríguez Coello y Juan Carlos Sierra, quienes han quedado expuestos a sufrir cualquier tipo de atentado que ponga en riesgo su vida”.
La organización también reprochó “la actitud totalmente antidemocrática de las FF AA y la Secretaría de Defensa”, y pidió a las instituciones del Estado, organismos internacionales y a la comunidad internacional que intercedan “para proteger la libertad de expresión en Honduras y la vida de los tres periodistas”. La AMC responsabilizó a ambas instituciones “por los daños que pudieran sufrir nuestros afiliados”.
Publicación ofensiva y contexto
La denuncia se produce tras la publicación del 26 de mayo en el medio oficial FF AA Digital, bajo el título “Sicarios de la verdad”, donde se presentó en portada un artículo acompañado de fotografías de tres reconocidos periodistas: Rodrigo Wong Arévalo, director del programa Abriendo Brecha y propietario de Canal 10; Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces y Premio Álvaro Contreras 2025; y Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH).
En la publicación, los comunicadores fueron acusados de ser “enemigos del Estado”, sin ofrecer pruebas, en lo que la SIP calificó como “una clara campaña de desprestigio, intimidación y criminalización del ejercicio periodístico”.
Este ataque habría surgido tras declaraciones críticas de Dagoberto Rodríguez durante la ceremonia del Premio Álvaro Contreras, en la que denunció irregularidades atribuidas a las Fuerzas Armadas durante las elecciones internas del 9 de marzo, como “la entrega tardía de maletas electorales en centros de Tegucigalpa y San Pedro Sula”.
Repudio internacional
La SIP también expresó su más enérgico repudio a esta ofensiva contra medios y periodistas.
José Roberto Dutriz, presidente de la SIP y director de La Prensa Gráfica de El Salvador, afirmó que “el acoso judicial y la estigmatización pública se han convertido en armas sistemáticas para intentar silenciar al periodismo, especialmente cuando se exponen actos de corrupción y abuso de poder”.
Martha Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM) y presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, advirtió que “no se trata solo de un agravio a tres periodistas, sino de un mensaje peligroso para toda la prensa crítica del país”.
“Cuando las Fuerzas Armadas utilizan su aparato de comunicación para amedrentar, están sobrepasando los límites que deben respetar en una democracia. Ese tipo de conducta no puede normalizarse”, declaró.
La SIP recordó también que, en febrero pasado, el alto mando militar impulsó acciones judiciales contra 12 medios de comunicación para obligarlos a revelar sus fuentes, lo que fue calificado como una grave violación de los principios periodísticos y del derecho internacional.
Reacción institucional
El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) condenó enérgicamente la publicación y responsabilizó al jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, y a la hasta ayer ministra de Defensa, Rixi Moncada, por cualquier atentado, hostigamiento o daño que puedan sufrir los periodistas mencionados.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) también se pronunció, recordando al Estado su deber de proteger la libertad de pensamiento y expresión.
“La libertad de expresión protege incluso aquello que incomoda a autoridades o sectores sociales, especialmente cuando se trata de temas de interés público”, indicó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, citada por el Conadeh.
Blanca Izaguirre, titular del organismo, subrayó que “la libertad de expresión es un pilar esencial del Estado de derecho, especialmente cuando se ejerce como veeduría social ante actos de la administración pública”.
El Conadeh exhortó a la institucionalidad a abstenerse de emitir pronunciamientos que intimiden, directa o indirectamente, a periodistas y medios de comunicación.
