Tegucigalpa, Honduras.

Por los recientes hechos que involucran a funcionarios y empleados judiciales en actos irregulares, miembros de la sociedad civil recomiendan profundizar la depuración a los operadores de justicia del país.

“La profilaxis debe ejecutarse en las diferentes fiscalías del Ministerio Público y los distintos organismos judiciales”, manifestó ayer Omar Rivera, representante de la sociedad civil y miembro de la Comisión Especial para la Depuración de la Policía Nacional.

El lunes pasado, el Ministerio Público puso en marcha la denominada operación Medusa, la cual dejó como resultado operadores de justicia involucrados en actos irregulares.

Tres jueces, una fiscal, un secretario del Tribunal de Sentencia, dos elementos de la Policía Nacional, entre otros funcionarios judiciales, involucrados en actos ilícitos, fueron algunos de los resultados obtenidos.

La primera en ser capturada fue la jueza con jurisdicción nacional Liz María Núñez, quien está siendo acusada del delito de prevaricato. Mañana va a audiencia en el Fuerte Cabañas.

Núñez, supuestamente, favoreció mediante resoluciones judiciales a familiares del exvicepresidente del Consejo de Judicatura, Teodoro Bonilla, quienes ya fueron condenados por los delitos de lavado de activos y almacenamiento de armas prohibidas.

Asimismo, detuvieron a la fiscal de delitos comunes de La Ceiba, Yasmín Zamara Dubón, por suponerla responsable de los delitos de fraude y abandono del cargo.

Ayer se dictó detención judicial en los Juzgados con Jurisdicción Nacional en contra de Marco Tulio Bulnes, exadministrador de la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos de la Policía Nacional.