El cantante Julio Iglesias se plantea pedir amparo al Tribunal Constitucional por la supuesta vulneración de su derecho a la defensa, después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional rechazara su personación para acceder a la investigación preprocesal —declarada secreta— de la denuncia presentada por dos exempleadas por presuntos delitos de acoso y agresión sexual en 2021.
El abogado de Iglesias, José Antonio Choclán, formula esta advertencia en un nuevo escrito dirigido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE, en el que solicita además que, pese a habérsele denegado la personación, se le permita acceder al contenido de la denuncia. Esta fue interpuesta por la asociación Women’s Link Worldwide en nombre de las dos exempleadas.
En un escrito anterior, el letrado solicitó personarse “con independencia de que aún no exista un procedimiento judicial, para poder ejercer” la defensa en las diligencias que se practiquen, “como sería la declaración de las denunciantes”.
Reclamó asimismo el archivo de estas diligencias preprocesales al considerar que la Audiencia Nacional —y, por extensión, su Fiscalía— no es competente para investigar la denuncia, que, a su juicio, debió interponerse en el lugar en el que presuntamente ocurrieron los hechos y donde reside el cantante, la República Dominicana.
Ese archivo, sostiene, debería decretarse “sin más trámite” para “detener la campaña mediática que se ha puesto en marcha, con grave daño reputacional”.
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La Fiscalía descarta decidir ahora sobre la personación
Mediante un decreto, contra el que no cabe recurso, la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez —conocida por su intervención en el caso contra Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por besar en la boca a la jugadora Jenni Hermoso— respondió que, por el momento, únicamente se está analizando la competencia para investigar la denuncia y que, por tanto, no procede decidir ahora sobre la personación solicitada.
En respuesta a ese decreto, el abogado replica que, para “dilucidar la mera cuestión procesal (la ausencia de jurisdicción de la Audiencia Nacional), es clara la necesidad de defensa y alegación por el denunciado (...) ante la difusión pública de la denuncia”.
“No obstante, siendo conscientes de la irrecurribilidad del decreto, nos reservamos el ejercicio de las acciones que procedan en solicitud del oportuno amparo constitucional de los derechos fundamentales que consideramos vulnerados”, advierte Choclán.
Añade además que, al ser “un hecho notorio que la denuncia es conocida no solo por la Fiscalía, sino por terceros”, como las denunciantes y “al menos” los medios eldiario.es y Univision Noticias —los primeros en publicar los hechos denunciados—, “se produce la paradoja de que el único interesado que no la conoce es el denunciado, don Julio Iglesias de la Cueva”.
“Lo que resulta insólito, de acuerdo con los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico constitucional”, insiste, al reclamar a la Fiscalía que, al margen de la personación, se le proporcione copia de la denuncia.
