La batalla legal entre el reguetonero Ramón Ayala Rodríguez, conocido mundialmente como Daddy Yankee, y su exesposa Mireddys González continúa escalando en los tribunales federales.
El cantante presentó recientemente una demanda millonaria en la que acusa a González, junto con el productor musical Raphy Pina, de haber participado en un supuesto esquema fraudulento para desviar regalías de sus canciones.
El documento legal, radicado en el Tribunal Federal de Hato Rey, señala presuntas irregularidades en la administración de El Cartel Records y en la distribución de regalías de temas icónicos del artista.
Daddy Yankee reclama que millones de dólares fueron desviados sin su consentimiento y exige una compensación que, según distintos reportes, podría alcanzar los 250 millones de dólares.
Ante estas acusaciones, el licenciado Roberto Sueiro, abogado de Mireddys González, reaccionó con firmeza.
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En declaraciones a la prensa, catalogó la demanda como una “fabricación” y una “fantasía”, asegurando que las alegaciones carecen de fundamento. “Esto es un acto de desesperación porque se le está cerrando el cerco a Daddy Yankee y va a tener que dividir como corresponde”, expresó Sueiro.
“Todas las demandas y ataques, el asesinato de la reputación y honra de Mireddys, todo se debe a que Daddy Yankee sabe que en algún momento va a tener que dividir el 50% de lo que generó durante el matrimonio con Mireddys”, agregó. “Esto es otra estratagema más para tratar de influenciar eso, y para ponerle presión a Mireddys para que acepte menos dinero”.
Asegura que Daddy Yankee miente
El abogado también desmintió que el artista desconociera cómo se registró la distribución de regalías en las canciones donde Pina figura como coautor.
“Es mentira que Daddy Yankee no supiera cómo se manejaban esos registros”, añadió, subrayando que las acusaciones buscan desviar la atención de otros procesos legales que enfrenta el cantante.
La demanda no solo involucra a González y Pina, sino también a la excuñada del artista, Ayeicha González, quien habría tenido un rol en la administración de la empresa musical.
El caso se tramita bajo la Ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión), lo que refleja la gravedad de las imputaciones.
