Cientos de miles de familias hondureñas de bajos ingresos, principalmente en zonas urbanas, sienten que están en un laberinto económico porque el salario no ajusta para cubrir las necesidades básicas ante el aumento de precios de alimentos y combustibles desde febrero pasado.
María Paz, de 32 años, afirma que este año “es más difícil cubrir los gastos de la casa porque el dinero no ajusta debido al aumento de todos los productos y no hay cómo salir de este problema”.
“Yo gano L13,000 al mes. Pago L3,000 de alquiler, gasto más de L1,000 en transporte para ir al trabajo. Subió la luz, el chimbo (cilindro de gas), y cuando voy al súper, no me alcanzan L5,000 para la comida del mes. Tengo que darle merienda a los niños para que lleven a la escuela. Si uno de ellos se enferma, aparecen los problemas porque no hay más dinero”, relata.
Economistas, sociólogos y expertos en políticas públicas coinciden en que el gobierno, independientemente de que sea partidario de los subsidios, debe crear mecanismos que permitan auxiliar a los hogares de menores ingresos en momentos de crisis y situaciones de vulnerabilidad.
Ángel Jiménez, ex presidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE) en la zona norte del país, sugiere al gobierno “focalizar estadísticamente los grupos de familias en condición vulnerable y proporcionar subsidio económico. El problema con esto es que se presta a la corrupción y no llega al 100% de las familias que necesitan”.
En 2026, el bolsillo de los hondureños sufre una continua reducción de su poder adquisitivo por el encarecimiento generalizado de productos básicos, consecuencia del conflicto en Medio Oriente que involucra a Irán, el cual ha disparado los precios internacionales del petróleo y provocado en el país incrementos sostenidos en los combustibles.
Frente a esa situación, los hogares hondureños con menos recursos económicos se encuentran desprotegidos y, hasta ahora, no hay señales claras del gobierno para crear una estrategia que contenga el impacto negativo, el cual podría desencadenar graves problemas sociales a mediano plazo.
Ilan Goldfajn, presidente del Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo), plantea que los gobiernos deben ofrecer respuestas basadas en “apoyos focalizados”, pues “proteger a los hogares pobres y vulnerables es la primera prioridad”.
En un artículo que Goldfajn escribió y publicó el BID, establece que “los sistemas de transferencias monetarias bien diseñados pueden ampliarse rápidamente para llegar a aquellos más afectados. Los estabilizadores automáticos, como el seguro de desempleo, también pueden desempeñar un papel importante para mitigar el impacto. América Latina y el Caribe se destaca a nivel mundial como pionera en el diseño e implementación de programas de transferencias monetarias. Estos sistemas ofrecen una base sólida para responder con rapidez ante estos impactos y llegar a los hogares que más lo necesitan”.
Las decisiones de políticas, según Goldfajn, “que se tomen ahora determinarán cómo se absorbe este impacto a nivel macroeconómico y en qué medida puede afectar a los más vulnerables. La respuesta de política debe ser temporal, focalizada y fiscalmente responsable para proteger el crecimiento, apoyar la seguridad económica y fortalecer la resiliencia”.
Oscar Hendrix, analista en políticas públicas, dice que "el rol del Estado debe ser recompensar desigualdades, atender vulnerabilidades en un país con tan altos niveles de pobreza y pobreza extrema".
"Y en nuestra Honduras, con más de 1.5 millones de personas con inseguridad alimentaria crónica, el Gobierno está obligado a diseñar y ejecutar políticas publicas, programas y medidas que atiedan directamente a la población más afectada, especialmente ante crisis internacionales. Esto tiene impacto directo ya no solo en la calidad de vida, sino, incluso, salvar de la muerte por falta de acceso a alimentos básicos", advierte Hendrix, abogado con estudios en políticas públicas en la Universidad de Minnesota, Estados Unidos.
