Más de 90 privados de libertad fueron trasladados a módulos de máxima seguridad en distintos centros penitenciarios de Honduras, como parte de una operación orientada a desarticular estructuras criminales que continuaban operando desde las cárceles, informaron autoridades.
La acción fue ejecutada por la Mesa Técnica Interinstitucional, integrada por las Fuerzas Armadas a través del Instituto Nacional Penitenciario (INP), la Policía Nacional mediante la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) y el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco).
Según las autoridades, los reclusos trasladados fueron identificados mediante labores de inteligencia como presuntos responsables de coordinar redes de extorsión y planificar atentados en distintas ciudades del país, afectando a la población y a sectores productivos.
Las reubicaciones se realizaron de forma simultánea en los centros penales de Támara, Siria, Ilama y Morocelí, con el objetivo de aislar a los cabecillas de estas estructuras y cortar los canales de comunicación que utilizaban para dirigir actividades ilícitas desde prisión.
De acuerdo con la información oficial, esta medida forma parte de un proceso sostenido de control y reorganización del sistema penitenciario, enfocado en recuperar la gobernabilidad dentro de los recintos y evitar que continúen siendo utilizados para delinquir.
De manera paralela, las instituciones informaron que se impulsan nuevos procesos judiciales contra los reclusos trasladados, con el fin de obtener condenas adicionales por delitos de alto impacto vinculados al crimen organizado.
Asimismo, las acciones han sido acompañadas por la captura de varios colaboradores externos, quienes presuntamente fungían como enlaces logísticos de estas estructuras, encargándose de recolectar pagos de extorsión y ejecutar ataques armados.
Las investigaciones han determinado que la red estaba conformada por miembros de maras, pandillas y otras estructuras emergentes, que mantenían activos los cobros ilegales en diferentes regiones del país.
