¿Quién ordenó el asesinato de la líder sindical Karla Vigil?

Karla Vigil fue asesinada el 12 de enero pasado en su negocio en la Rivera Hernández, sector noreste de San Pedro Sula. Hay tres personas presas por este caso.

¿Quién ordenó el asesinato de la líder sindical Karla Vigil?
San Pedro Sula, Honduras

Tres presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) permanecen en prisión acusados del asesinato de Karla Patricia Vigil Murillo (de 47 años), vicepresidenta del patronato de la colonia Arenales Número 2, en el sector Rivera Hernández, de San Pedro Sula, norte de Honduras.

El crimen ocurrió la tarde del lunes 12 de enero de 2026, cuando un hombre llegó al negocio de venta de comida de Vigil, ubicado en la misma colonia donde ejercía su liderazgo comunitario y tras hacerse pasar por cliente, le disparó.

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La primera persona capturada por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en relación con este caso fue Gloria Judith Hernández Zelaya (20 años). Ella fue detenida el 15 de enero en la misma colonia donde ocurrió el asesinato y, según las autoridades, habría identificado y entregado a la víctima al presunto homicida.

Por este mismo caso también fueron capturados, el 23 de enero, Kevin Eduardo Ramírez Lemus, señalado por las autoridades policiales como el presunto autor material del crimen, y Erick Matute Rodríguez, acusado de conducir el vehículo utilizado para trasladar a los otros dos sospechosos. Los tres son acusado de los delitos de asesinato y asociación para delinquir.

Identifican al presunto autor intelectual

De acuerdo con personas cercanas a la dirigente patronal, el crimen estaría relacionado con la labor que realizaba dentro del patronato y las gestiones que impulsaba en beneficio de la comunidad para la legalización y obtención de tierras.

La Policía informó en su momento que la víctima, junto a varios vecinos del sector, habría sido afectada por una estafa relacionada con la venta irregular de terrenos.

Indicó que varias personas se hicieron pasar por propietarios de las tierras y las comercializaron de forma fraudulenta, hasta que los pobladores descubrieron que los supuestos vendedores no contaban con derechos legales sobre los predios.

Tras investigar, Vigil logró ubicar al verdadero propietario de los terrenos e inició un proceso de diálogo con él, situación que presuntamente provocó el enojo de quienes realizaron la venta ilegal.

Kevin Eduardo Ramírez Lemus, Erick Matute Rodríguez y Gloria Judith Hernández Zelaya son los tres acusados del crimen de Karla Vigil.

Tras el asesinato, allegados informaron que Vigil había denunciado previamente, junto con otros miembros del patronato, amenazas recibidas por parte de algunas personas. En ese momento, aseguraron que el caso era de conocimiento de las autoridades policiales y de organismos de derechos humanos.

Las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones continúan. Agentes que participan en el caso informaron a LA PRENSA que, como resultado de las diligencias realizadas, ya fue identificado el presunto autor intelectual del asesinato, es decir, la persona que, según la investigación, habría ordenado el ataque que acabó con la vida de la dirigente.

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De acuerdo con los investigadores, existen indicios que vincularían a esa persona con el crimen y únicamente esperan que un juez emita la orden de captura para proceder con su detención.

Aunque las autoridades no revelaron su identidad, indicaron que se trata de un hombre conocido de Karla Vigil que, en su momento, estuvo involucrado en la compra y legalización de las tierras. Según la investigación, desacuerdos entre esa persona y el sindicato del que formaba parte la víctima habrían motivado el crimen.

El día de los hechos

Las investigaciones policiales, incorporadas como prueba en el proceso penal, establecen que el día del asesinato se dio seguimiento, mediante cámaras de seguridad, al vehículo utilizado por los atacantes.

Los videos analizados por los investigadores muestran el momento en que Kevin Eduardo Ramírez Lemus, señalado como el presunto sicario, aborda una camioneta blanca en el barrio Medina. En el vehículo viajaban Erick Matute Rodríguez, como conductor, y un tercer hombre que ocupaba el asiento del copiloto. Ramírez Lemus se ubicó en el asiento trasero. Posteriormente, el automotor se desplazó hacia la 27 calle, en el sector sureste de la ciudad.

Durante el recorrido, las grabaciones muestran que el presunto sicario descendió del vehículo para comprar una gorra y una mascarilla con el propósito de ocultar su rostro. Luego, la camioneta continuó por el bulevar del Este hasta la colonia Arenales Número 2, en el sector Rivera Hernández.

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Al llegar al lugar, Kevin Eduardo Ramírez Lemus se reunió con Gloria Judith Hernández Zelaya, quien, según la investigación, verificó que la dirigente patronal se encontraba atendiendo su negocio. Posteriormente, ambos caminaron hasta la glorieta.

Según la investigación, desde el exterior del local Hernández Zelaya le indicó al supuesto atacante quién era la víctima. Mientras ella permanecía afuera, el hombre ingresó al establecimiento y solicitó un refresco. Cuando Karla Vigil se dio vuelta para atender el pedido, el atacante le disparó en varias ocasiones con una pistola, causándole la muerte.

Aceptó su culpabilidad

El Ministerio Público informó el pasado 18 de mayo que Gloria Judith Hernández Zelaya solicitó someterse a un procedimiento abreviado, mecanismo que permite una reducción de la pena cuando el imputado admite su responsabilidad penal y se cumplen los requisitos establecidos por la ley.

Gloria Judith Hernández Zelaya solicitó someterse a un procedimiento abreviado, tras aceptar su participación en el asesinato de la líder sindical.

Un fuente del ente fiscal reveló a LA PRENSA que tras una negociación entre la defensa de Hernández Zelaya y la Fiscalía, se llegó a un acuerdo y, tras aceptar ante un juez su participación en el crimen, se programó para el 28 de julio a las 9:30 am la audiencia de procedimiento abreviado.

Este mecanismo judicial permite una reducción de la pena cuando el imputado admite su responsabilidad penal y se cumplen los requisitos establecidos por la ley.

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Redacción La Prensa
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