Un total de 11 detenidos, además de la notificación judicial a tres personas que ya guardan prisión, fue el resultado de una operación contra los delitos de extorsión y tráfico de drogas, encabezada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y la Policía Militar.
Las acciones estaban dirigidas a combatir el accionar delictivo de la Pandilla 18. Para ello, las autoridades ejecutaron 19 allanamientos de morada: 18 en distintas colonias, aldeas y mercados de Tegucigalpa y Comayagüela, y uno más en la ciudad de Choluteca.
Los operativos se desarrollaron en las colonias El Pedregal, Los Zorzales, Óscar A. Flores, Francisco Murillo Soto, San José de la Vega, Altos de San José, Centroamérica Este, Nueva Orocuina, Altos de Los Laureles, El Pedregalito, 3 de Mayo, Nueva Capital, Estados Unidos, El Sitio y Reynel Fúnez; además de las aldeas Germania y El Chimbo, así como en mercados de Comayagüela.
La operación fue dirigida por el Centro Antipandillas Transnacional (CAT), adscrito a la Atic, con apoyo de la Policía Militar. Las acciones incluyeron el cumplimiento de órdenes de captura e inspecciones relacionadas con un requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público (MP) por los delitos de asociación para delinquir, extorsión, tráfico agravado de drogas y terrorismo.
De los 11 detenidos, diez tenían órdenes de captura emitidas por el Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de Tegucigalpa.
Los capturados fueron identificados como Héctor Leonel Ordóñez Escalante, Claudio Andrée Durón Matamoros, Keydi Jazmín Velásquez Rivera, Marvin Josué Závala González, Julián Moisés Galo Maldonado, Carlos Miguel Ordóñez Díaz, José Javier Gutiérrez Gutiérrez y Derys Antonio Turcios Pineda, arrestados en la capital.
Asimismo, Juan Bautista García Castillo y Christian José Zelaya Portillo fueron detenidos en Choluteca, también con órdenes de captura vigentes.
En tanto, Martha Yamalí Aguilera Lara fue detenida en flagrancia. Según las autoridades, durante su captura se le decomisaron 20 paquetes de una onza de supuesta cocaína, aproximadamente 32,000 lempiras en efectivo, documentos con registros de presuntos cobros de extorsión, cuatro teléfonos móviles y una computadora portátil.
"Estas personas estaban extorsionando"
Además, la Atic ejecutó órdenes de captura contra Carlos Humberto Sánchez García, Digna Raquel Salgado Juárez y José Arturo Hernández Rodríguez, quienes ya permanecen recluidos en distintos centros penales del país y son vinculados por las autoridades con las actividades ilícitas investigadas.
Jaime Quintanilla, director de la Atic, informó: “Hemos llevado a cabo el día de hoy una operación en la cual se tenía como objetivo la captura de 21 personas, a las que el Juzgado emitió orden de captura, de las cuales tenemos capturadas a 14 personas en este momento”.
El funcionario añadió que las investigaciones comenzaron en 2023 y permitieron identificar a los sospechosos para ejecutar las capturas.
Quintanilla afirmó que “sobre ellos, la Fiscalía había solicitado orden de captura porque la investigación había determinado que estas personas estaban extorsionando y amenazando a la gente para que hiciera el pago del ‘impuesto de guerra’”.
En el requerimiento fiscal figuran 21 personas. Sin embargo, este lunes solo fueron detenidas 11, además de tres ya recluidas. Equipos de la Atic y la Policía Militar continúan la búsqueda de los siete restantes, según indicó el funcionario.
"Yo no pertenezco a ninguna pandilla"
Entre los capturados en Tegucigalpa figura Julián Moisés Galo Maldonado, quien aseguró ser empleado del Registro Nacional de las Personas (RNP) y negó cualquier vínculo con estructuras criminales.
“Aquí estoy detenido injustamente. Yo no pertenezco a ninguna pandilla. Yo trabajo para el Registro Nacional de las Personas, soy futbolista, no sé por qué me tienen detenido; pueden irme a buscar a la institución, estuve tres meses asignado en la ventanilla de la morgue”, expresó Galo Maldonado.
El detenido agregó que fue arrestado cuando se dirigía a su trabajo y sostuvo que las acusaciones en su contra son erróneas.
Galo Maldonado lamentó que reside en una colonia de alta peligrosidad y afirmó que su detención podría exponerlo ante la estructura criminal con la que las autoridades supuestamente lo vinculan. Hasta el momento, las autoridades no han brindado una respuesta pública sobre sus declaraciones.
