Los pobladores de cinco comunidades de la cordillera de El Merendón, con jurisdicción en Choloma, buscarán justicia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que les devuelvan las tierras que aseguran les quitó Geovany Fuentes, condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos.
Este viernes 7 de marzo, Cáritas de Honduras Arquidiócesis de San Pedro Sula expondrá el caso en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que después sea turnado a la Corte IDH, donde los agraviados esperan una condena para el Estado de Honduras.
Las comunidades, habitadas por campesinos descendientes de población indígena Lenca, a través de Cáritas San Pedro Sula dejarán sentada su posición que tuvieron que recurrir a esas instancias internacionales por la falta de acceso de justicia a nivel estatal, pues aseguran que los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Público desisten de hacer valer sus derechos y garantías pese a que hace cuatro años tienen conocimiento formal del caso.
Las poblaciones afectadas son San Marcos de Majaine, El Chorrerón, El Tamarindo, Aldea Marías y Planes y San Antonio de las Quebradas en la jurisdicción del municipio de Choloma, cuyo caso se vuelve paradigmática de la situación en la que viven miles de campesinos que habitan comunidades impactadas por la narcoactividad, la criminalidad organizada y la corrupción.
El 24 de febrero de 2021, esas comunidades campesinas despertaron con la noticia que sus tierras serían subastadas; la cual circuló en un medio de comunicación local mediante el aviso de subasta y como parte del proceso de una demanda de ejecución hipotecaria.
Por esa noticia, los pobladores se enteraron de que sus tierras habían sido registradas e hipotecadas a favor de la Empresa Agro Forestales Fuentes, teniendo como propietario a Geovanny Daniel Fuentes Ramírez.
La deuda reclamada por la entidad financiera ascendió a $717,623.98 (setecientos diecisiete mil seiscientos veintitrés dólares con noventa y ocho centavos de dólar), más intereses y costas. Los predios subastados hacen un total de poco más de 1,021.78 hectáreas y comprenden las comunidades ya señaladas.
El 25 de marzo de 2021 se realizó la subasta programada y las tierras fueron adjudicadas mediante sentencia a entidad bancaria.
En paralelo con el proceso de remate en la Corte Federal de Manhattan se celebraba el juicio contra Geovanny Daniel Fuentes Ramírez, acusado por conspiración por narcotráfico hacia Estados Unidos y uso y posesión ilegal de armas, el cual fue encontrado culpable el 22 de marzo de 2021.
El juicio contra Fuentes Ramírez develó una intrincada maraña de corrupción estatal que implicó a empresarios, policías, militares, diputados, funcionarios judiciales y al propio expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
Los testimonios que hicieron parte de la prueba presentada por la Fiscalía en la Corte de Estados Unidos, en el juicio contra Geovanny Fuentes, implican un narco laboratorio encontrado en Cerro Negro en uno de los predios hipotecados y posteriormente subastados en marzo de 2021.
El 9 de marzo de 2011, se hizo pública la ubicación y el desmantelamiento del primer narcolaboratorio en Honduras, el cual según fuentes mediáticas operaba para el cártel deSinaloa.
Entre el 8 y 22 de marzo de 2021 se desarrolló el juicio encontrando que el propietario del narco laboratorio del hallazgo de 2011 era el acusado Geovany Fuentes.
Agroforestales Fuentes es la empresa que operó en el despojo de las tierras en complicidad con una cadena de corrupción hasta ahora desconocida a falta de investigación estatal.
Las y los liderazgos comunitarios, tras enterarse por medio del aviso de subasta en febrero de 2021, acudieron en busca de información a la Municipalidad de Choloma, al Juzgado Seccional de Choloma y a la entidad bancaria, no encontrando ninguna respuesta y explicación a lo ocurrido.
El día de la ejecución de la subasta, acudieron nuevamente al Juzgado Seccional y fueron testigos impotentes de la adjudicación de sus tierras a la entidad bancaria.
Desde entonces los pobladores de las comunidades afectadas no han recibido más que promesas de solución al problema de sus tierras por parte de la municipalidad de Choloma, encontrando ausencia de reparación al daño causado a su legítima propiedad de sus tierras y los daños causados a sus proyectos de vida.
La incertidumbre, la angustia y el abandono estatal a sus comunidades son los efectos directos causados tras el despojo de sus tierras.
Indígenas acreditan legalidad de las tierras con títulos del INA
Las comunidades afectadas son rurales con un rango de existencia de entre 37 y 225 años, la legalidad de sus tierras ha sido amparada por títulos de propiedad otorgados por el Instituto Nacional Agrario (INA), y aunque por razones de pobreza, algunos pobladores no han logrado cancelar el importe de sus tierras, la tierra en posesión no ha sido interrumpida legalmente.
Cuatro de los títulos de propiedad de los cinco lotes subastados y adjudicados a la entidad bancaria revelan irregularidades en sus inscripciones, ya que no cumplen con el principio de tracto registral y legalmente no debieron ser inscritos por el Instituto de la Propiedad, ya que sus antecedentes registrales o tomos físicos fueron sustraídos.
También, se verificó que, en el Registro de la Propiedad, no existe, ni ha existido ninguna restricción o medida de aseguramiento sobre los inmuebles, aun cuando es de conocimiento público que Fuentes Ramírez fue detenido y condenado en la Corte Federal de Manhattan, como ya fue referido; esta circunstancia atribuible al Estado sirvió para que una institución bancaria supervisada por el Estado, hiciera una subasta judicial tres días después de la condena de Fuentes Ramírez.
En su planteamiento, Cáritas de San Pedro Sula concluye que “los hechos del presente caso resultan ser paradigmático de los impactos de la corrupción, la narcoactividad y la vulneración de derechos y garantías de las y los pobladores de las comunidades campesinas aquí señaladas”.
Cáritas San Pedro Sula señala que tales vulneraciones se ven agravadas por la impunidad y la falta de medidas efectivas implementadas por el Estado para el combate de la corrupción y la impunidad. “El Estado de Honduras presenta en esta materia un franco estancamiento”.
“Los hechos señalados vulneran el derecho a la propiedad y dañan el proyecto de vida de las y los pobladores de las comunidades referidas, en tanto el Estado hondureño no tuteló este derecho, el cual se vio agravado por las faltas a la debida diligencia enla investigación, la sanción y la justa reparación de las y los campesinos de las comunidades afectadas”, señala Cáritas San Pedro Sula.
En sus conclusiones, la organización defensora de los derechos humanos refiere que el Estado omitió acciones relacionadas con el oportuno aseguramiento de los bienes inmuebles ilegalmente inscritos, lo que llevó al despojo de la tierra y la adjudicación a una entidad bancaria.
“De haber funcionado el estamento legal del Estado, no se hubieran nunca inscrito los documentos irregularmente otorgados, ni tampoco se hubieran inscrito las hipotecas que concluyeron con el despojo de las tierras de las y los campesinos”, se señala en las conclusiones.
