Organismos internacionales y nacionales que defienden la libertad de prensa y de expresión condenan los actos de intimidación, persecución y acoso de los que son objeto 12 medios de comunicación de Honduras por parte del general Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas.
La Relatoría Especial para la Libertad Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) elevaron su preocupación ante la intentona de Hernández de querellar y callar a los 12 medios.
Tanto la Cidh como la SIP demandaron el respeto a la libertad de prensa y de expresión.
A la exigencia se sumaron el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), diputados de la oposición y organismos defensores de derechos humanos.
A finales de noviembre de 2024, el jerarca militar ordenó a un grupo de subalternos que se aprestaran al Ministerio Público a solicitar una investigación contra los medios por el presunto delito de calumnias con publicidad.
El MP autorizó realizar las pesquisas y dos agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) comenzaron a llegar a los medios a entregar los oficios, en los que solicitan revelar el nombre de sus fuentes de información.
La solicitud atropella un principio universal en el periodismo porque revelar la identidad de las fuentes es traicionar la confianza de las mismas.
Pedro Vaca, relator de la Cidh, dice que “crece preocupación por nuevos reportes desde Honduras sobre fuerzas armadas judicializando al periodismo. Las autoridades están más expuestas al escrutinio público y no deben usar derecho penal”. “La reserva de fuentes protege el derecho de periodistas a no revelarlas”, subrayó.
Situación
El general Hernández está molesto por publicaciones que han hecho los medios de comunicación y por eso busca demandarlos y obligarlos a revelar las fuentes de información, algo que es protegido por convenios internacionales y es un principio sagrado para los periodistas.
La SIP -en un comunicado- coincide con la Relatoría de la Libertad de Expresión y sostiene que las acciones de Hernández violan “principios fundamentales del periodismo y los derechos constitucionales e internacionales que protegen la confidencialidad de la información, según informes de la prensa local”.
José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, expresó que “el acoso judicial se ha convertido en un arma sistemática para intentar silenciar al periodismo, especialmente cuando se exponen actos de corrupción y abuso de poder”.
El acto de amenaza del alto jefe militar va dirigido contra los influyentes medios de comunicación del país: LA PRENSA, EL HERALDO, Radio Cadena Voces (RCV), La Tribuna, Radio América, Abriendo Brecha, CHTV, Hable Como Habla, Q´Hubo TV, Hondudiario, Criterio HN y Noticias 24/7.
Carlos Jornet, vicepresidente segundo de la SIP y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, afirmó que “obligar a los medios a divulgar la identidad de sus fuentes atenta contra la independencia de la prensa y el derecho de la sociedad a estar informada”.
Ataque no aislado
Dina Meza, periodista y defensora de derechos humanos, aseveró que el ataque a la prensa hondureña “no es un hecho aislado, es un hecho concatenado con una serie de situaciones que se han venido dando por más de dos años en este país”.
Meza señaló que “lo que hemos visto es que no hay una un respeto a la pluralidad de ideas, tampoco hay respeto a la libertad de expresión y de prensa de los periodistas y de los medios de comunicación, porque son tan intolerantes que no admiten ninguna crítica”.
Indicó: “Aunque él (Roosevelt Hernández) ha dicho que se echa para atrás, pero cometió la arbitrariedad. Si no hubiera habido reacciones internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Sociedad de Interamericana de Prensa y otras organizaciones, él no hubiese reculado”.
La diputada liberal Maribel Espinoza exhortó “que el general Roosevelt mejor se calle y se dedique a hacer su trabajo. Que mejor dignifique a las FF AA con su misión constitucional de mantener el imperio de la Constitución en Honduras”.
El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) ha denunciado la “creciente judicialización, intimidación y escalada de ataques” desde el Gobierno y sectores oficialistas. En particular, ha instado a la Policía Nacional, al Ministerio Público y a las Fuerzas Armadas a cesar de inmediato todo acto de intimidación contra la prensa.
