El futbolista y empleado del RNP Julián Moisés Galo Maldonado es acusado por el Ministerio Público de inscribir la defunción de un pandillero de la 18 que está vivo.
A Julián Galo se le atribuye haber colaborado con la estructura criminal en la supuesta comisión de los delitos de falsificación de documentos públicos y asociación para delinquir.
El imputado fue capturado el lunes 11 de mayo durante una operación dirigida por el Centro Antipandillas Transnacional (CAT), adscrito a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en el marco de acciones contra estructuras criminales.
La orden de captura en su contra había sido emitida por un juzgado con competencia en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, y fue ejecutada el mismo día por agentes de la ATIC.
Al momento de su detención, el hombre de 33 años negó las acusaciones y afirmó no tener vínculos con estructuras criminales, señalando que se dedica al fútbol y que es empleado del Registro Nacional de las Personas (RNP), además de cuestionar su arresto.
El portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, explicó que las investigaciones lo señalan por la supuesta creación irregular de un acta de defunción dentro del sistema del RNP, sin cumplir los procedimientos legales establecidos.
De acuerdo con Galindo, las pesquisas del CAT establecen que se habría omitido el protocolo correspondiente para registrar la defunción de una persona presuntamente vinculada a la Pandilla 18.
Según las investigaciones, se trata del supuesto registro de muerte de Jesús Armando Chévez Cruz, identificado como cabecilla de la estructura criminal, a quien se le habría hecho figurar como fallecido pese a que estaría vivo.
Las indagaciones también apuntan a que se habría simulado su entierro en un cementerio de Choluteca, el cual fue asentado en registros administrativos, aunque en realidad nunca se llevó a cabo.
Las autoridades indican que Chévez Cruz se fugó de la Penitenciaría Nacional de Támara en 2017 y es señalado por la ATIC como presunto responsable de al menos 27 homicidios.
El caso también involucra a un tramitador que habría participado en las gestiones irregulares para concretar las inscripciones en el sistema del RNP.
De acuerdo con el informe investigativo, para inscribir legalmente una defunción se requiere el dictamen de autopsia emitido por Medicina Forense, por lo que no se descarta ampliar las líneas de investigación hacia esa institución.
