San Pedro Sula, Honduras. Cuatro personas señaladas de integrar el Cartel del Diablo que opera en la zona sur del departamento de Yoro continuarán en prisión, luego de que un juzgado dictara auto de formal procesamiento con prisión preventiva en su contra por su presunta participación en asesinatos y privación ilegal de la libertad.
La resolución fue emitida este lunes 9 de noviembre, durante una audiencia inicial desarrollada en el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
Los procesados vinculados al Cartel del Diablo fueron identificados como José Alexander Arguijo Velásquez, Iván Fernando López Montes, Andrea Nicolle Reconco Pino y Marlin Olinda Pino Romero, a quienes se les supone responsables de asesinato y privación ilegal de la libertad en perjuicio de Ángela Cecilia Flores Cruz, Norman Leonardo Aguilar Zavala y un testigo protegido.
Además, el juzgado incluyó a Arguijo Velásquez y Pino Romero en el proceso por suponerlos responsables del delito de asociación terrorista, en perjuicio del orden público del Estado de Honduras.
Durante la audiencia, la Fiscalía ratificó el requerimiento fiscal y presentó diferentes medios de prueba, entre ellos dictámenes de autopsias, declaraciones testimoniales, pruebas anticipadas y reconocimientos en rueda.
También incorporó análisis de información extraída de teléfonos celulares, mensajes y audios de WhatsApp, así como datos de cuentas de la red social Facebook, como parte de las investigaciones para establecer la participación de los imputados en los hechos.
Crimen ocurrió en Sulaco
El hecho violento por el que se investiga a los cuatro procesados ocurrió el 9 de septiembre de 2026 en un sector de la aldea El Carrizal, en el municipio de Sulaco, Yoro.
De acuerdo con los indicios encontrados en la escena, sobre los cuerpos de las víctimas fue colocada una frazada o manta blanca con una leyenda atribuida al grupo delictivo que opera en esa zona del departamento.
Las investigaciones apuntan a que esta estructura criminal estaría involucrada en disputas territoriales con otras organizaciones delictivas que operan en el sector.
La jueza determinó que los cuatro imputados permanezcan en prisión preventiva debido al peligro de fuga y al considerar que no procedía aplicar medidas cautelares distintas a la privación de libertad.
Los procesados deberán cumplir la medida en el centro penitenciario de Támara, en el departamento de Francisco Morazán. La audiencia preliminar fue programada para las 10:00 de la mañana del martes 12 de enero de 2027.
