San Pedro Sula, Cortés. Un total de 22 personas detenidas durante un operativo policial realizado el miércoles enfrentarán este jueves las audiencias de declaración de imputados en San Pedro Sula, acusadas de estar vinculadas al denominado cartel del Diablo.
De acuerdo con Ruy Gabriel Barahona, portavoz del Poder Judicial, los 22 detenidos fueron remitidos por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) a la Secretaría General del juzgado de letras penal con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción.
El portavoz explicó que los imputados están relacionados con cuatro expedientes judiciales. Sin embargo, detalló que entre 18 y 20 personas estarían vinculadas a una misma causa, en la que el Ministerio Público les atribuye el delito de asociación terrorista, entre otros.
Barahona indicó que las audiencias de declaración de imputados se desarrollarán durante el transcurso de este jueves y que la distribución de los detenidos en los cuatro expedientes dependerá de la información que proporcione la Judicatura.
El funcionario confirmó que las órdenes de captura contra los 22 acusados fueron emitidas el pasado 20 de octubre, en relación con los cuatro expedientes. Una vez ejecutadas, la Policía procedió a remitirlos ante los juzgados para el desarrollo de las audiencias correspondientes.
Según el portavoz, en uno de los expedientes la Fiscalía también vincula a los imputados con otros delitos, entre ellos asesinatos, homicidios, tentativas de asesinato, tentativas de homicidio, femicidio agravado y extorsión.
El funcionario aclaró que no todos los detenidos necesariamente enfrentan los mismos cargos, por lo que pidió esperar la información oficial que proporcione la Judicatura una vez que se conozcan los detalles de cada expediente.
Barahona anticipó que la jornada judicial podría extenderse debido a la cantidad de personas involucradas y será necesaria la asistencia de una de las salas del Tribunal de Sentencia con competencia nacional.
Además de los jueces y fiscales, en las audiencias deberán participar los abogados encargados de la defensa técnica de cada acusado. El portavoz señaló que defensores públicos y abogados privados ya se encontraban en comunicación con sus representados.
Sobre las posibles medidas judiciales, Barahona indicó que algunos de los detenidos podrían ser enviados a centros penitenciarios como Morocelí, Ilama o El Progreso. No obstante, aclaró que la decisión dependerá de la resolución del juez y de la disponibilidad de los centros carcelarios.
El portavoz reiteró que será necesario esperar las determinaciones judiciales para conocer los cargos específicos y las medidas que se impondrán a cada uno de los imputados.
Las detenciones se produjeron durante la operación policial "70 Días de Guerra", ejecutada en los municipios de Victoria, Sulaco y otros sectores mencionados por las autoridades.