Empresas Asociativas Campesinas de Producción denunciaron amenazas, hostigamiento e inseguridad en comunidades de los bajos de Choloma, La Lima y Puerto Cortés, y rechazaron señalamientos que vinculan a la Policía Nacional con estructuras criminales en la zona.
En un comunicado público emitido el 11 de diciembre de 2025, las organizaciones señalaron que el conflicto agrario y la presencia de miembros de la estructura criminal MS-13 han generado intimidación, heridos y desplazamiento forzado de familias campesinas, además de restricciones para realizar labores agrícolas en fincas de palma africana.
Según el pronunciamiento, los hechos se registran en comunidades como La Protección, Tibombo, Manacalito, Lupo, Laureles, Limones, Caimán y otras ubicadas en los municipios de Lima, Choloma y Puerto Cortés.
Ante la situación de riesgo, las organizaciones informaron que solicitaron apoyo a la Policía Nacional, específicamente a la Unidad Metropolitana de Choloma, que comenzó patrullajes preventivos a partir del 8 de diciembre para garantizar la seguridad de las familias campesinas y permitir el desarrollo de sus actividades productivas.
Las organizaciones agradecieron el respaldo de la Jefatura Municipal de la Policía de Choloma y calificaron como falsas las publicaciones difundidas en redes sociales que acusan al subcomisario encargado de los patrullajes de tener vínculos con bandas criminales dedicadas al saqueo de palma africana.
De acuerdo con el comunicado, estas informaciones forman parte de una campaña de desprestigio contra la lucha campesina por el derecho a la tierra. Aseguran que la presencia policial responde a una necesidad real de protección frente a posibles acciones violentas y de despojo.
Finalmente, las Empresas Asociativas Campesinas reafirmaron su defensa de la Reforma Agraria y solicitaron a la Secretaría de Seguridad la captura y judicialización de los miembros de la MS-13 que operan en la zona.
También pidieron al Mecanismo de Protección de la Secretaría de Derechos Humanos agilizar la aplicación de medidas urgentes para resguardar a las comunidades y sus liderazgos.
