La Secretaría de Derechos Humanos anunció la adopción de medidas de protección a favor de varias organizaciones campesinas del Valle de Sula, norte de Honduras, luego de denuncias sobre intentos de despojo de tierras por parte de terratenientes y bandas criminales.
De acuerdo con el abogado Farabundo Murillo, representante legal de tres empresas campesinas, la decisión se tomó a través del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia, el cual realizará un análisis de riesgo en la zona para determinar las acciones concretas que el Estado deberá aplicar en beneficio de estas comunidades, como Tibombo y La Protección, en los bajos del valle de Sula.
Murillo denunció que los campesinos han sido objeto de hostigamiento, allanamientos ilegales, agresiones físicas, amenazas y hasta intentos de despojo de tierras por parte de grupos armados vinculados a una familia poderosa de terratenientes, conocida como los López. “Estamos hablando de un conflicto donde los pobres, los trabajadores del campo, están siendo desplazados por intereses privados que cuentan con el respaldo de bandas criminales”, señaló.
El conflicto agrario se concentra en extensiones de tierra que fueron concesionadas a compañías bananeras extranjeras por 1910 y que, de manera irregular, según denuncias, aparecieron en manos de particulares en 1998.
En algunos casos –según los testimonios– el Estado habría entregado hasta 4,000 hectáreas por valores simbólicos de un dólar, situación que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad de dichas concesiones y reclamos por parte de las comunidades campesinas que aseguran ser las legítimas poseedoras.
Actualmente, las organizaciones campesinas reclaman la revisión de esas concesiones y su adjudicación a través del Instituto Nacional Agrario (INA).
Escalada de violencia
Las denuncias apuntan a que la disputa ha dejado un saldo de personas fallecidas y varios heridos. Murillo recordó que el pasado 20 de julio un campesino perdió la vida en medio de los enfrentamientos, y que ni siquiera la Policía pudo realizar el levantamiento del cadáver, obligando a la familia a sepultarlo por cuenta propia.
Además, se reporta que al menos 20 campesinos enfrentan procesos judiciales y que existe una campaña de intimidación y criminalización en contra de quienes defienden su derecho a la tierra. “Hay un proceso permanente de persecución. Incluso algunos funcionarios judiciales que han dictado resoluciones favorables a los campesinos han sido objeto de hostigamiento”, denunció Murillo. Por tal razón se acudió a la Secretaría de Derechos Humanos.
Respuesta estatal
La Secretaría de Derechos Humanos aseguró que el siguiente paso será realizar un análisis técnico en el terreno para evaluar el nivel de riesgo y definir las medidas específicas que se otorgarán. Entre las opciones se contemplan acciones de seguridad, acompañamiento institucional y protección jurídica, con el objetivo de frenar la violencia y garantizar que las comunidades puedan continuar con la producción agrícola.
El abogado aseguró que antes no había ese conflicto, hasta que la banda criminal hizo despojar a los campesinos de las tierras.
“Estas organizaciones son integradas por personas humildes, trabajadores del campo, que generan empleo y riqueza colectiva. El Estado debe garantizar sus derechos conforme a la Constitución y la Ley de Reforma Agraria”, concluyó Murillo.
Con la intervención del Mecanismo de Protección, las organizaciones campesinas esperan que cese la persecución y que se dé paso a una solución definitiva que garantice la seguridad, la justicia y el derecho al trabajo de cientos de familias en el valle de Sula.
