Al menos 7,000 campesinos expresan su preocupación, pues aseguran que una familia de terratenientes intenta despojarlos de aproximadamente mil hectáreas de tierras ubicadas en los bajos de Puerto Cortés, Choloma y La Lima, Cortés.
Farabundo Murillo Godoy, abogado y representante legal de los campesinos, explicó que el problema ya es insostenible para sus representados y por eso han denunciado públicamente y a través de las redes sociales los "abusos de esta familia".
"Este problema es prácticamente un choque frontal de la familia de terratenientes conocida como los López en contra de tres empresas campesinas que existen en el sector".
Las afectadas serían Empresa Asociativa Campesina 11 de Junio, Empresa Asociativa Campesina 30 de Enero y Empresa Asociativa Campesina 20 de Marzo, "integradas por al menos 7,000 miembros y que desde más de 30 años han trabajado esa tierra luego de que sus dueños las dejaran abandonadas y pasaran a poder de ellos tras la modificación a la Ley de Reforma Agraria", explicó Murillo.
La familia que buscaría desalojar a los campesinos es parte de las personas que operan en el Bajo Aguán y que mantiene un litigio con los campesinos.
"Los mismos actores que están en la zona del Bajo Aguán y que han generado conflicto entre empresarios y terratenientes, aparecieron en la zona y con las mismas pretensiones: desalojar a los campesinos para apropiarse de las tierras que han sido abandonadas y que son de naturaleza jurídica nacional para sumarlas a su poderoso imperio de cultivo agrícola a grandes escalas".
El abogado indicó a LA PRENSA que los que asumieron esta presión con los campesinos, "en nombre de los empresarios, es la familia los López, la cual, de acuerdo con investigaciones de la Policía, también resulta que son parte de una banda que se dedican a actividades ilícitas en el sector".
Involucramiento de militares
Según explicó Farabundo Murillo Godoy, la familia López opera con el apoyo de agentes militares, pues habría logrado "instrumentalizar a la Policía Militar del Orden Público".
Estas zonas en los bajos del valle de Sula se habrían convertido en una zona de combate por parte de la policía contra la población. "Ellos llegan a las aldeas a practicar allanamientos y detenciones de miembros de las empresas campesinas y les implantan armas de grueso calibre para hacerlos ver culpables y comenzarles un proceso judicial. Nosotros ya estamos con un proceso para que se investigue ese abuso", refirió.
El abogado dijo que el hostigamiento es frecuente y que gracias a las denuncias y los videos que los campesinos han grabado para evidenciar el abuso, lograron que equipos de Dirección Nacional Policial Antidroga (DNPA) realizaran la operación que permitió la captura de 10 personas que supuestamente son trabajadores de la familia López.
"La denuncia ha tenido efecto, ya que diez trabajadores de esta familia fueron capturados recientemente en una de las casas de ellos. Les allanaron armas potentes y hasta misiles. Ahí es donde surge la pregunta, ¿quién les provee de estas armas?, ¿de dónde sale las armas que le implantan a los campesinos?, de los militares que están con la familia", manifestó el abogado.
Los capturados son Cristian Orlando Avilés Núñez, Milton Alexis Hernández Godoy, Rodrigo López (conocido como Alberto Rodrigo López), Ángel Ernesto Pacheco Acosta, Óscar Noé Corea García, Nelson Isidro Acosta Matute, Héctor Alexander López Méndez, Marlon David Bejarano Zelaya, Wilfredo Agurcia Zelaya y Melvin José Bejarano Zelaya.
Los diez hombres fueron aprehendidos la tarde del miércoles en la aldea Protección, la Lima, Cortés, en poder de un lanzagranadas con dos ojivas antitanque, tres escopetas, tres fusiles, tres pistolas, droga y cargadores de diversos calibres.
De acuerdo con información de inteligencia policial, el armamento estaba destinado a ejecutar ataques contra vehículos blindados tipo Black Mamba, asignados a unidades especiales de la Policía.
Este día se presentan a la audiencia inicial en los juzgados de San Pedro Sula acusados los delitos de tenencia de artefactos explosivos, posesión de armas de uso permitido y prohibido, asociación para delinquir y tráfico de drogas agravado.
