La tenencia de la tierra en el departamento de Colón es motivo de un conflicto, de décadas, que ha dejado alrededor de 200 muertos, sin que asome a corto plazo una solución.
En las últimas semanas el conflicto se agudizó con tomas de carreteras de parte de un sector y reclamos de otros.
La Plataforma Agraria, que aglutina a varios grupos de campesinos en Colón, ha venido denunciando que en la comunidad Quebrada de Arena operan grupos armados que han amenazado a campesinos que invadieron manzanas de tierra con “el fin de recuperarlas”.

Los campesinos aseguran que esas tierras les fueron despojadas tras dejar sin efecto la ley de la Reforma Agraria y dar paso a Ley de Modernización del Estado a inicios de 1990.
La semana pasada hubo varios enfrentamientos entre pobladores y campesinos que dejó varios heridos por lo que la Policía se instaló en la zona.
El sábado, unas 300 personas de la aldea Quebrada de Arena se tomaron la carretera en rechazo a la intervención policial.
La Policía desplegó un operativo para restablecer la circulación vehicular en Quebrada de Arena, pero fueron atacados con piedras, bombas Molotov y disparos, según informaron.
Los agentes se replegaron al puente, donde continuaban los bloqueos. Durante los enfrentamientos, un policía fue despojado de su arma y al menos 10 agentes resultaron heridos y fueron trasladados al hospital Salvador Paredes de Trujillo.

“Aquí el conflicto no es entre terratenientes y campesinos, es entre los mismos campesinos, nosotros estamos en medio de los dos movimientos para evitar que se vaya a producir un enfrentamiento armado”, dijo un oficial de Policía la agencia Efe.
El sábado, organizaciones sociales, campesinas y de derechos humanos declararon “emergencia” en Colón por el “riesgo mortal” que enfrentan los campesinos organizados. Lamentaron que “los llamados de auxilio y solidaridad” de los campesinos organizados “no han tocado” al gobierno que preside Xiomara Castro, a quien acusan de ser “cómplice ahora” de lo que ocurre en Colón.
El movimiento campesino del Aguán denunció “la falta de cumplimiento” de los acuerdos firmados en febrero de 2022 por la presidenta Castro, con la Plataforma Agraria, organización que intenta recuperar tierras de campesinos, y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (Copa), destinados a resolver una situación que “nunca debió alcanzar este nivel de violencia extrema e histórica” en el Aguán.
Expresaron su pesar por el asesinato de José Luis Hernández y Suyapa Guillén, miembros de la cooperativa campesina Gregorio Chávez, en un ataque ocurrido el viernes pasado en la comunidad de Rigores, Colón.
El martes, el director del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Funes, denunció que grupos criminales, narcotraficantes y políticos están involucrados en un conflicto agrario.
“Bandas criminales y narcotraficantes” están “tratando de sacar provecho de esta situación”, subrayó Funes, quien coordina la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, establecida en junio de 2023 por la presidenta Castro.