La Policía Municipal de San Pedro Sula recordó que la Unidad de Mediación y Conciliación interviene cuando las diferencias entre vecinos no pueden solucionarse de manera directa. Si no hay acuerdo, pueden aplicarse sanciones.
Mantener una convivencia pacífica entre vecinos es una de las funciones que la Ley de Policía y Convivencia Social asigna a la Policía Municipal. Para ello, el Departamento de Justicia Municipal cuenta con la Unidad de Mediación y Conciliación, encargada de recibir denuncias y promover acuerdos entre las partes.
Pedro Martínez, director de la Policía Municipal, explicó que el primer paso siempre debe ser el diálogo entre vecinos y que la intervención de las autoridades ocurre cuando las diferencias no logran resolverse de forma voluntaria.
Cuando no hay conciliación
Las autoridades señalaron que, si no es posible alcanzar un acuerdo, la legislación contempla sanciones económicas, trabajo comunitario y, en los casos más graves o por desobediencia, el expediente puede ser remitido al Ministerio Público para continuar el procedimiento legal correspondiente.
Las autoridades recordaron que las denuncias pueden presentarse a través de la plataforma SPS+ o directamente en las oficinas de la Policía Municipal y de la Unidad de Mediación y Conciliación, ubicadas en la 20 Calle de San Pedro Sula. Asimismo, reiteraron que el diálogo entre las partes continúa siendo la principal herramienta para prevenir que los conflictos escalen y evitar sanciones.
Entre las denuncias más frecuentes figuran los escándalos por música a alto volumen, conflictos por mascotas, árboles que representan un riesgo para viviendas cercanas, goteras, estacionamientos y otros problemas derivados de la convivencia diaria.
¿Qué conflictos atiende la Unidad de Mediación?
Omar Arias, director del Departamento de Justicia Municipal, recordó que quienes organicen fiestas o eventos con música, así como algunos establecimientos comerciales, deben tramitar el permiso correspondiente ante la municipalidad.
Cuando se recibe una denuncia, personal municipal realiza inspecciones y verifica los niveles de ruido mediante un sonómetro. Según explicó, el límite permitido es de 85 decibeles en el interior del establecimiento y de 70 decibeles en el exterior.
Si se incumplen los niveles permitidos o las condiciones del permiso otorgado, las sanciones pueden alcanzar hasta los 5,000 lempiras, conforme al Plan de Arbitrios 2026.
Responsabilidad por las mascotas
Lisbeth Borja, jefa de la Unidad de Mediación y Conciliación, indicó que otro de los conflictos recurrentes involucra a propietarios que no asumen la responsabilidad sobre sus animales domésticos.
Explicó que los dueños deben evitar que sus mascotas deambulen por la vía pública, ya que pueden intimidar, atacar o causar molestias a otros vecinos. Asimismo, recordó que los propietarios tienen la obligación de mantener a sus animales vacunados y, cuando se trate de ejemplares considerados peligrosos, sacarlos con cadena y bozal.
Borja señaló que estas responsabilidades ya están contempladas en el Plan de Arbitrios y pueden ser objeto de intervención por parte de la Unidad de Mediación y Conciliación.
Conflictos entre arrendadores e inquilinos
La funcionaria también explicó que la unidad atiende disputas entre propietarios e inquilinos cuando el problema trasciende el contrato de arrendamiento y afecta la convivencia.
Entre los casos más comunes, mencionó situaciones en las que un arrendador intenta desalojar de forma coercitiva al inquilino, le suspende servicios públicos o incurre en otras acciones que afectan su integridad y sus derechos.
En estos casos, la unidad recibe la denuncia, analiza la existencia del contrato y promueve una audiencia de conciliación para que ambas partes lleguen a un acuerdo, generalmente otorgando un plazo prudencial para que el arrendatario desocupe el inmueble y entregue al día los servicios públicos.
Borja afirmó que la mayoría de los casos concluyen mediante acuerdos porque ambas partes son orientadas sobre sus derechos y obligaciones, tal como lo establece el artículo 144 de la Ley de Policía y Convivencia Social, que prioriza el arreglo directo entre las personas involucradas.
