La rehabilitación de la carretera CA-4, en el tramo entre Naco y La Entrada (Copán), representó una inversión superior a los 1,100 millones de lempiras, convirtiéndose en uno de los proyectos viales más significativos en la zona occidental del país.
El proyecto se abarcó 79.10 kilómetros de carretera, con trabajos orientados principalmente a la repavimentación de la vía existente.
La intervención incluye la aplicación de la técnica conocida como “whitetopping”, un método que refuerza la superficie asfáltica con concreto para mejorar la durabilidad y resistencia ante el tráfico pesado. Sin embargo, pese a la magnitud de la inversión, el proyecto no contempló elementos claves para la seguridad vial.
La rehabilitación no incluyó una adecuada señalización horizontal ni vertical, ni tampoco sistemas de iluminación en la carretera, aspectos fundamentales en un corredor de alto tránsito que conecta el norte con el occidente del país.
Esta omisión, en su momento, generó preocupación, ya que se trata de una vía históricamente marcada por accidentes y condiciones peligrosas. Aunque la mejora del pavimento ahora se traduce en mayor comodidad y reducción de tiempos de viaje, la falta de señalización e iluminación ya está pasando factura.
De tragedia en tragedia
En menos de un mes, el municipio de Quimistán ha pasado de ser un punto de tránsito a convertirse en un foco crítico de accidentes viales. Al menos cuatro percances de gran magnitud han dejado cerca de 50 personas heridas y unas 18 fallecidas, una cifra que enciende las alertas sobre lo que ya no se percibe como hechos aislados, sino como una crisis sostenida.
El panorama descrito se sustenta en el Acta CODEM 01-2026, documento oficial que recoge las deliberaciones del Comité de Emergencia Municipal de Quimistán tras el accidente registrado en la carretera CA-4.
En este informe, elaborado este 6 de abril de 2026, se detallan tanto las cifras de víctimas como la secuencia de eventos, las acciones de respuesta y las principales conclusiones de las autoridades involucradas, lo que permite dimensionar la magnitud de la crisis vial que enfrenta el municipio.
El eje carretero CA-4, que conecta el norte con el occidente del país y sirve como ruta internacional para transporte pesado, se ha transformado en un corredor de alto riesgo.
L1,000 millones
costó la nueva CA-4
pero pese a su cuantioso monto, no se le construyó berma (hombros) a los costados ni tampoco se señalizó eficientemente. El municipio demanda medidas urgentes como señalización horizontal con reductores de velocidad y túmulos, entre otras.
La combinación de alta velocidad, circulación constante de rastras (muchas de ellas con cargas peligrosas) y la falta de cultura vial ha creado un escenario propicio para tragedias recurrentes.
Las autoridades locales coinciden en que el problema no radica únicamente en la infraestructura, sino en el comportamiento de los conductores.
Exceso de velocidad, maniobras imprudentes y el irrespeto a las normas de tránsito siguen siendo factores determinantes en la mayoría de los accidentes, incluso en una carretera que se encuentra en buenas condiciones.
A esto se suma una limitada capacidad de respuesta institucional. La escasez de ambulancias, la presión sobre los servicios de salud y la falta de presencia permanente de entes reguladores dificultan atender emergencias que cada vez son más frecuentes y complejas, especialmente cuando involucran materiales peligrosos como el cianuro.
El acumulado de tragedias ha obligado a las autoridades a replantear medidas urgentes, desde reforzar controles de velocidad hasta gestionar mayor regulación del transporte pesado.
Sin embargo, mientras no exista un cambio estructural, tanto en la conducta vial como en la supervisión estatal, la CA-4 seguirá siendo una carretera donde el riesgo viaja a la misma velocidad que los vehículos.
Nueva vía, nuevos problemas.
Durante la reunión de emergencia en Quimistán, Santa Bárbara, autoridades que integran el Comité de Emergencias Municipal (Codem) expusieron que la gran cantidad de accidentes, presionan los servicios de reacción y respuestas que puede ofrecer el municipio.
El alcalde Rubén Darío Pacheco advirtió que la carretera CA-4 no solo es una vía de alto tráfico vehicular, sino también un corredor por donde circulan sustancias peligrosas que representan un riesgo constante para la población.
Según explicó, por este eje carretero transitan no solo cargamentos de cianuro, sino también material radiactivo proveniente de centros asistenciales, además de otros productos potencialmente peligrosos que se movilizan desde Puerto Cortés hacia El Salvador, el sur de Guatemala y el occidente de Honduras.
Señaló que esta realidad incrementa la vulnerabilidad de los municipios ubicados a lo largo de la vía, especialmente en una zona densamente poblada.
Indicó que seis de los ocho municipios bajo cobertura de la Umep 22 concentran unos 218,000 habitantes, más de la mitad de la población de todo el departamento de Santa Bárbara, lo que eleva el impacto de cualquier incidente.
Medidas urgentes
En cuanto a acciones concretas, el alcalde detalló que se trabaja en coordinación con el Codem y el Departamento Municipal Ambiental para mitigar riesgos, especialmente tras recientes accidentes en la zona.
Entre las medidas propuestas, destaca la construcción de túmulos en puntos críticos (previa autorización de Tránsito) y la solicitud a la Secretaría de Infraestructura y Transporte para instalar líneas sonoras (reductores de velocidad) en pendientes y curvas peligrosas.
Pacheco también cuestionó las condiciones de la carretera, señalando que la falta de hombros amplios ( berma) limita la capacidad de reacción ante emergencias como fallas mecánicas o accidentes, lo que incrementa el peligro para conductores.
El alcalde reiteró que, aunque algunas causas de los accidentes están vinculadas a la conducta de los conductores, también existen factores estructurales como la señalización insuficiente y el diseño vial que deben ser atendidos.
De su lado, el comisario de la Policía Nacional, Dani Rodríguez, a cargo de la Umep 22 en Quimistán, Santa Bárbara dijo que este domingo, cuando se suscitó la tragedia vial que mató a nueve personas en el km 40, había cuatro operativos instalados y varios radares para control de velocidad activos.
“Los ciudadanos hondureños somos altamente impacientes, muy maleducados, no respetamos ninguna normativa y si no tomamos conciencia, cualquier institución se va a rebasar”, advirtió.
“El llamado es a los ciudadanos”, reiteró. “Salgan con tiempo de sus viviendas; si ya se les hizo tarde, mejor no vaya. Porque con lo que se está jugando es con las vidas”.
