Tegucigalpa, Honduras. El Instituto Nacional Penitenciario (INP) confirmó que se encuentra en pleno desarrollo del proceso de selección, reentrenamiento y recertificación del personal que conformará la recién creada Fuerza Especial Penitenciaria.
La unidad especializada, amparada bajo el artículo 21-A de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, asumirá el control operativo absoluto, la custodia de alta seguridad y el manejo de los privados de libertad catalogados como terroristas.
El director del INP, Walter Amador Lacayo, explicó que los elementos están siendo depurados minuciosamente entre oficiales y agentes penitenciarios con mejores calificaciones, además de recibir apoyo de las Fuerzas Armadas.
"Es para tener una fuerza especial directamente empeñada en las tareas del manejo de la gestión de los presos de libertad designados como terroristas", manifestó Lacayo.
El jerarca penitenciario detalló que la selección contempla filtros rigurosos de confianza en coordinación con los órganos de inteligencia del Estado para garantizar la idoneidad absoluta del personal operativo.
"Conversaba con el director nacional de Inteligencia del Estado, y me estaba diciendo que está listo ahora mismo para que le envíe 150 agentes para que los recertifiquemos", reveló Amador Lacayo.
Las autoridades detallaron que la normativa ya se encuentra plenamente vigente, por lo que la estructuración de este cuerpo táctico avanza de forma dinámica para asumir el control exclusivo de los módulos de máxima seguridad.
"La fuerza ya entró en vigencia desde que está aprobada la ley; entonces, ahora estamos en el proceso de reunir la gente, de hacer una recapacitación, un reentrenamiento, una recertificación, la clasificación y la escogencia", puntualizó Amador Lacayo.
Artículo 588 del Código Penal
Cárcel de 30 a 40 años por colaboración. Para cerrar el cerco contra la corrupción interna, la legislación incorpora el artículo 21-B, el cual castiga con severidad al empleado o servidor penitenciario que facilite el ingreso de objetos prohibidos o colabore con los reclusos vinculados a maras y pandillas.
Cualquier agente que quebrante los protocolos será remitido de inmediato a la orden del Ministerio Público para ser procesado bajo los alcances del artículo 588 del Código Penal, enfrentando penas de hasta cuatro décadas de reclusión.
"Funcionario que esté coludido, son de 30 a 40 años de prisión y pasa al régimen porque sería colaborador de los grupos de terroristas", advirtió Amador Lacayo.
El titular del INP envió un mensaje directo a la estructura administrativa y operativa de la institución, reiterando que no se tolerarán conductas al margen de la ley que pongan en riesgo la seguridad nacional y el sistema carcelario.
