Terrenos comprados e invadidos, licitaciones fallidas, informes engavetados y casi tres décadas sin construir una sola planta de tratamiento resumen la historia del saneamiento en San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras.
A pocos años del fin de la concesión, la ciudad mantiene una deuda ambiental cuyas consecuencias recaen sobre la salud de la población sampedrana y el río Chamelecón.
San Pedro Sula es la segunda ciudad más importante de Honduras y principal motor económico del país y actualmente enfrenta una deuda ambiental que se arrastra desde hace décadas: el tratamiento de sus aguas residuales.
A menos de cuatro años de que concluya el contrato de concesión del servicio de agua potable y saneamiento con Aguas de San Pedro, diversos sectores cuestionan el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el saneamiento, mientras miles de metros cúbicos de aguas servidas continúan descargándose en ríos y quebradas.
El río Chamelecón es uno de los principales receptores de estas descargas contaminadas.
Con más de un millón de habitantes, aunque no existe un censo actualizado que confirme esa cifra, y una economía que concentra una parte significativa de la actividad comercial e industrial del país, San Pedro Sula mantiene rezagos en infraestructura sanitaria que contrastan con su relevancia económica.
La situación ha reavivado el debate sobre los resultados de la concesión y los desafíos que heredará la administración municipal que asuma en el próximo período y el fin de la prestación del servicio con Aguas de San Pedro, una vez finalice el contrato.
Riesos para la salud y el ambiente
Lilian Espinoza, ambientalista, afirmó que el tratamiento de aguas residuales constituye uno de los componentes esenciales de cualquier sistema moderno de agua y saneamiento.
Espinoza explicó que las aguas que atraviesan San Pedro Sula recorren amplios sectores poblacionales, continúan hacia comunidades ubicadas aguas abajo y finalmente desembocan en el mar Caribe, donde se encuentra el Sistema de Arrecifes Mesoamericano, considerado el segundo más grande del mundo.
El especialista advirtió que las aguas negras descargadas sin tratamiento transportan virus y bacterias que incrementan el riesgo de enfermedades, especialmente durante la temporada lluviosa, cuando aumentan los casos de padecimientos respiratorios y gastrointestinales.
"Resulta increíble que una ciudad como San Pedro Sula no trate sus aguas. Pareciera que no es un tema prioritario, pese a que hubo terrenos comprados para construir plantas de tratamiento que posteriormente fueron invadidos. Se requiere decisión y voluntad política para resolver este problema", expresó.
César García, presidente regional de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), consideró que el saneamiento ambiental debe convertirse en una prioridad.
"Se cumplirán 30 años de una concesión de agua que no hizo nada en este tema. Desconocemos quién fue responsable del incumplimiento, por lo que amerita una revisión, pues nunca hemos conocido un informe claro de ninguna de las partes", manifestó.
García sostuvo que el crecimiento urbano e industrial de San Pedro Sula exige inversiones sostenidas en plantas de tratamiento, redes de alcantarillado y sistemas de monitoreo ambiental. De lo contrario, la presión sobre los recursos hídricos seguirá aumentando conforme crece la población.
La falta de tratamiento de las aguas residuales no solo representa un problema ambiental; también tiene implicaciones para la salud pública, la calidad de los cuerpos de agua y las actividades productivas que dependen de estos recursos.
Wilmer Madrid, doctor, explicó que la descarga de aguas sin tratamiento incrementa la contaminación de ríos y quebradas, afecta los acuíferos y eleva los riesgos sanitarios para las comunidades ubicadas aguas abajo.
Hay enfermedades dermatológicas, gastrointestinales y respiratorias causadas por la contaminación al no tratar las aguas residuales, explicó Madrid.
Predios invadidos e infraestructura pendiente
Por su parte, Diana Betancourt, ambientalista, afirmó que la ciudad ya no puede seguir postergando esta deuda ambiental.
"Hay millas de personas afectadas, no solo en San Pedro Sula, sino también en el valle de Sula. Con el saneamiento de las aguas residuales, el río Chamelecón podrá recuperar parte de su condición ambiental", señaló.
Betancourt agregó que el problema ha persistido porque la municipalidad ha mantenido una postura casi indiferente frente al impacto ambiental que representa la descarga de aguas residuales en los ríos que atraviesan la ciudad y desembocan en el Chamelecón.
El río Chamelecón atraviesa comunidades, zonas agrícolas y áreas con potencial turístico de Choloma y Puerto Cortés antes de desembocar en el mar Caribe.
En junio de 2022, Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, reveló que construir las plantas de tratamiento de aguas residuales, junto con sus colectores, tendría un costo aproximado de 130 millones de dólares y no de 200 millones, como se había estimado anteriormente.
No obstante, Contreras reconoció que resulta imposible ejecutar ese proyecto durante el tiempo restante de la concesión. Desde 2022 también se anunció la elaboración de un informe sobre la situación del saneamiento ambiental en la ciudad; Sin embargo, este no fue presentado públicamente.
Durante la administración de Juan Carlos Zúniga se adquirieron tres terrenos para construir plantas de tratamiento en Chotepe, Rivera Hernández y Cofradía, por un monto de 74 millones de lempiras.
Incluso hubo un intento de iniciar la construcción en Chotepe. Aguas de San Pedro abrió un proceso de licitación para desarrollar la obra, pero este fue fracasado debido a que el terreno fue invadido y actualmente está ocupado por una colonia.
LA PRENSA consultó a Aguas de San Pedro, a través de su oficina de Relaciones Públicas, sobre las razones por las cuales no se construyeron las plantas de tratamiento durante la vigencia del contrato de concesión. Al cierre de este artículo no hubo respuesta.
La empresa sí informó que, al inicio de la concesión, existían 85.000 usuarios medidos y que, casi 30 años después, la cifra asciende a 127,000. Un medido es aquel que cuenta con un contador para registrar el consumo y pagar el servicio.
Asimismo, la concesionaria indicó que existen alrededor de 250.000 usuarios no medidos, una cantidad superior a la de usuarios con medición.
