Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia reconoció que el Poder Judicial enfrenta una significativa mora judicial, particularmente en materia laboral, y aseguró que la falta de presupuesto limita la capacidad institucional para dar respuesta oportuna a la ciudadanía.
“Hay mora, específicamente en el área laboral”, afirmó la titular del Poder Judicial en una visita a San Pedro Sula, al tiempo que explicó que desde el inicio de la actual administración se han realizado esfuerzos para reducir el retraso en los expedientes, incluyendo el nombramiento de siete nuevos jueces con sus respectivos equipos de trabajo. Sin embargo, admitió que estas medidas han resultado insuficientes ante la alta carga procesal.
Obando señaló que la capacidad instalada del Poder Judicial ha sido rebasada, tanto en recurso humano como en infraestructura. “En el edificio actual ya no cabe un juez más, no cabe un alfiler más. Estamos alquilando inmuebles porque no tenemos espacio propio”, manifestó, subrayando que esta situación genera mayores costos operativos en lugar de permitir una inversión sostenible en instalaciones permanentes.
La presidenta también denunció que el Poder Judicial enfrenta atrasos en las transferencias presupuestarias que superan los 1,250 millones de lempiras, lo que impacta directamente en la contratación de personal y en la ampliación de los servicios judiciales. “Sin presupuesto no se puede hacer nada. Aunque trabajemos 24/7, no hay capacidad humana que pueda resolver la mora si no contamos con los recursos necesarios”, enfatizó.
En ese sentido, reiteró que al menos se debe cumplir con el 3% del presupuesto nacional que constitucionalmente corresponde al Poder Judicial. “Es lo mínimo que necesitamos para operar de manera idónea y garantizar justicia al pueblo hondureño”, sostuvo.
Medidas ante demandas
Sobre las demandas contra el Estado y los pagos millonarios en Medidas ante demandas concepto de sentencias laborales, Obando indicó que se ha conformado una comisión junto con la Secretaría de Finanzas y el Banco Central de Honduras para velar por los intereses del Estado. Recordó que recientemente se emitió una circular en la que se establece que no se realizarán pagos mientras no exista una sentencia firme.
“Si no hay sentencia firme, no se podrá pagar”, explicó, asegurando que las decisiones deben tomarse conforme a la ley, pero sin dejar de garantizar los derechos laborales de los trabajadores.
Respecto a señalamientos de irregularidades o corrupción dentro del sistema judicial, la presidenta aseguró que cuando existen denuncias se activan los mecanismos internos de investigación. Indicó que durante esta gestión se han aplicado sanciones, incluyendo despidos, contra funcionarios judiciales cuya actuación indebida ha sido comprobada mediante el debido proceso.
“La remoción de jueces no es antojadiza, existe un procedimiento a través del Consejo de la Carrera Judicial. Cuando se comprueba que alguien ha actuado incorrectamente, se procede conforme a la ley”, afirmó.
En relación con informes internacionales que señalan altos índices de corrupción en Honduras, Obando manifestó que, al menos en lo que compete al Poder Judicial, los casos recibidos han sido “poquísimos”, por lo que no puede confirmar un incremento en ese indicador dentro de la institución.
Extradiciones
Durante su visita a San Pedro Sula, donde sostuvo reuniones con personal de los tribunales de justicia, la presidenta también se refirió al tema de las extradiciones. Aclaró que, hasta el momento, no hay políticos involucrados en las solicitudes recientes.
“Estados Unidos solicita la extradición de personas que están contempladas dentro del tratado, en este momento no hay ningún político; se trata de personas vinculadas principalmente al narcotráfico y otros delitos”, puntualizó.
La titular del Poder Judicial reiteró que la prioridad de la CSJ es fortalecer la institucionalidad, reducir la mora judicial y garantizar procesos transparentes, pero insistió en que sin el respaldo presupuestario necesario será difícil responder a la demanda de justicia que exige la población hondureña.
