La campaña para defender El Merendón y evitar la recategorización de la montaña como parque nacional ha cobrado fuerza, sobre todo en redes sociales. Mientras tanto, los pobladores que habitan la cordillera cuestionan las acciones concretas cuando se trata de la defensa del área protegida.
“Cuando necesitamos apagar incendios en la montaña y reforestar, solo estamos los mismos”, expresaron representantes de los patronatos del Merendón en un comunicado. “Quisiéramos que todos esos defensores de la montaña que han surgido suban y conozcan la realidad en la montaña”.
Las comunidades, asentadas en la zona desde antes de la aprobación del Decreto 46-90, sostienen que el debate no debe limitarse únicamente a oponerse a la recategorización, sino también a trabajar activamente por la protección de El Merendón.
La Asociación de Patronatos del Merendón, en coordinación con los presidentes de patronatos de distintas comunidades, aseguró que mantiene una posición firme en defensa de la cordillera, sus recursos naturales y las poblaciones que históricamente han habitado y protegido este territorio.
“Durante años hemos trabajado de manera organizada, impulsando iniciativas orientadas a la defensa del Merendón, la protección de las fuentes de agua y el bienestar de las familias que viven en esta zona”, señalaron.
Ningún recurso se ha presentado
Varias organizaciones se han comunicado con el Instituto de Conservación Forestal (ICF) para solicitar información sobre el procedimiento para interponer recursos de oposición y evitar que la zona de reserva del Merendón sea convertida en parque nacional.
La publicación de los avisos del ICF, en los que se propone la redefinición y recategorización del área protegida “El Merendón”, ubicada entre San Pedro Sula y Choloma, ha generado preocupación en diversos sectores de la ciudad.
Actualmente está abierto el plazo de 60 días hábiles para presentar oposiciones por parte de personas o sectores que se consideren perjudicados por la intención de redefinir y recategorizar el área protegida.
Ambientalistas y representantes de la sociedad civil alertaron que la iniciativa representa un riesgo para el municipio, debido a que el Decreto 46-90 es una ley especial vigente desde 1990, creada para proteger las áreas productoras de agua y zonas de reserva bajo responsabilidad de la Municipalidad de San Pedro Sula.
Las redes sociales se han llenado de protestas y campañas para recolectar firmas en defensa de El Merendón. Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado ningún recurso de oposición ante el ICF.
LA PRENSA conversó con Armando Ramírez, director ejecutivo del Instituto de Conservación Forestal (ICF), quien confirmó que todavía no se ha interpuesto ninguna oposición formal, aunque varias organizaciones han solicitado información sobre el procedimiento.
“Se les ha explicado y lo importante es que hay interés. Es necesario presentar esa oposición para poder parar esa recategorización porque solo estamos terminando algo que se comenzó el año pasado”, dijo Ramírez.
Las recomendaciones de una ambientalista
Por su parte, Diana Betancour, ingeniera y ambientalista, explicó que considera pertinente impugnar el Acuerdo 092-2025 y solicitar su derogación inmediata.
Betancour señaló que cualquier nuevo acuerdo institucional orientado a reformar el Decreto 46-90 debería limitarse a la recuperación de las 1,575.79 hectáreas perdidas, tal como establece el Decreto Ley 058-2024.
Además, propuso incluir la subcuenca de Manchaguala como zona específica de producción de agua, debido a que desde 1995 abastece al sector de Cofradía y actualmente presenta deterioro ambiental que requiere medidas de recuperación.
La ambientalista también recomendó incorporar el concepto de pago por servicios ecosistémicos para que la Municipalidad de San Pedro Sula cuente con respaldo legal que permita establecer mecanismos de cobro diferenciados entre usuarios del agua y ejecutar planes de manejo en la Zona de Reserva del Merendón (ZRM).
Betancour considera necesario excluir de la ZRM varios caseríos ubicados a lo largo de la carretera entre Chamelecón y Cofradía.
Asimismo, enfatizó que no deben incluirse propuestas orientadas a incentivar actividades económicas que puedan poner en riesgo el objetivo de protección de la ZRM, ya contemplado en el Decreto Ley 46-90.
La ambientalista recordó que el Decreto Ley 46-90 constituye una ley especial que dio origen a la ZRM, equivalente al 67 % del territorio del municipio de San Pedro Sula. Añadió que fue impulsado por la municipalidad y le otorga competencia para ejercer control sobre las áreas productoras de agua y zonas de reserva de las cuencas hidrográficas en la Cordillera del Merendón.
También sostuvo que el Acuerdo Institucional 092-2025 del ICF, que busca elevarse a Decreto Ley, implicaría la derogación del Decreto 46-90, debido a que este último constituye una ley especial.
Betancour aclaró además que, desde su criterio, no es legalmente factible que la Zona de Reserva del Merendón sea incorporada al sistema de categorías de manejo del ICF, debido a que el Decreto Ley 46-90 la define como área productora de agua, categoría que no existe dentro de la clasificación actual del instituto.
