Tres empresas de transporte público han suspendido operaciones en San Pedro Sula y Choloma debido a constantes amenazas y el cobro de extorsión por parte de estructuras criminales, situación que sigue agravando la crisis de inseguridad en la zona norte del país.
De acuerdo con transportistas, las empresas que cubren la Ruta 1 de buses grandes y rapiditos llevan seis días sin operar, mientras que otra empresa que realiza el recorrido entre San Pedro Sula y el sector de Champerío, en la colonia López Arellano de Choloma, tiene dos días de paralización.
La suspensión del servicio ha dejado a miles de ciudadanos sin una de sus principales opciones de transporte diario, afectando el acceso a trabajo, salud, educación y actividades básicas.
“Ya no podemos trabajar, necesitamos el ingreso para sostener a nuestras familias, pero es más importante la vida, este país cada día está peor, somos personas honradas y solo queremos ganarnos el pan de cada día, ya nos han matado a varios conductores y no queremos ser una víctima más de la delincuencia”, expresó un conductor, quien solicitó el anonimato por razones de seguridad.
Según los testimonios, miembros de grupos criminales llegan hasta los puntos de buses y dejan teléfonos celulares desde los cuales envían amenazas de muerte a los transportistas si no acceden a pagar elevadas sumas de dinero.
“La semana pasada asesinaron a un compañero. Henry Orlando Hernández fue atacado a balazos dentro de su unidad de transporte, aunque fue trasladado de emergencia a un centro asistencial privado, falleció debido a la gravedad de las heridas”, relató otro conductor.
La empresa Catul y la que cubre el sector Renacer, permanecen sin operar ante el temor de nuevos ataques. Esta ruta es clave para la movilidad de la población, ya que también conecta con el Hospital Mario Catarino Rivas, uno de los principales centros asistenciales del país.
Los usuarios del transporte público también resienten la situación. “Tenemos más de una semana viajando en taxis o pagando otro tipo de transporte, entendemos a los conductores, pero nuestros bolsillos no aguantan. Esperamos que las autoridades hagan algo, porque como siempre los usuarios somos los más afectados”, manifestó Rosa Canales, usuaria del servicio.
Nelson Fernández, dirigente del transporte en la zona norte, confirmó que al menos dos empresas de transporte urbano en el Valle de Sula están sin operar por el cobro de extorsió, detalló que a la Ruta 1 les dejaron teléfonos la semana pasada y nuevamente el domingo, intensificando las amenazas.
“Esto no se soporta, la seguridad debe garantizarse tanto para los usuarios como para los transportistas, en lugar de mejorar, la situación este año es peor”, expresó.
Fernández agregó que la empresa que cubre la ruta entre San Pedro Sula y el sector de Champerío, en López Arellano, también se vio obligada a suspender labores por las mismas amenazas, sumándose a la paralización del servicio en la región.
Ante estos hechos, las autoridades policiales han reforzado los operativos en los puntos de buses del transporte público. Sin embargo, los transportistas consideran que estas acciones resultan insuficientes si no van acompañadas de investigaciones efectivas que permitan desarticular las bandas criminales responsables del cobro de extorsión.
Algunos conductores señalaron que, pese a la presencia policial, el temor persiste, ya que las amenazas continúan llegando de forma directa y constante. Aseguran que los grupos delictivos tienen plenamente identificadas las rutas, horarios y puntos de operación, lo que incrementa el riesgo de ataques armados contra los empleados del rubro.
La paralización del transporte también ha generado afectaciones económicas significativas para los propietarios de las unidades, quienes aseguran que cada día sin operar representa pérdidas considerables, además del pago de préstamos, mantenimiento y salarios. A esto se suma la incertidumbre de no saber cuándo podrán retomar labores con seguridad.
Por su parte, organizaciones de transporte reiteraron el llamado al Gobierno para que se implementen medidas de protección permanentes, como patrullajes constantes, acompañamiento policial en rutas críticas y un plan integral de seguridad que garantice el derecho al trabajo y a la movilidad de la población.
Mientras tanto, miles de ciudadanos continúan buscando alternativas para movilizarse hacia sus centros de trabajo, estudios y citas médicas, en medio de un contexto marcado por la violencia y la extorsión, que siguen golpeando de forma directa a uno de los sectores más vulnerables del país.
