El constante incremento en los precios de los combustibles en Honduras ha encendido las alarmas en el sector transporte, donde dirigentes de taxis y colectivos han comenzado a exigir un ajuste en las tarifas para poder sostener sus operaciones.
En las últimas semanas, el diésel y el queroseno han superado a las gasolinas como los combustibles más caros del país, alcanzando precios superiores a los 140 lempiras por galón en Tegucigalpa y más de 135 lempiras en San Pedro Sula. Solo en esta última ciudad, el diésel subió 4.12 lempiras, situándose en 135.37 lempiras por galón, mientras que la gasolina regular aumentó a 120.94 lempiras.
Ante este escenario, el gremio de taxistas de San Pedro Sula y el resto del país, ha planteado un incremento de al menos cinco lempiras en la tarifa del transporte colectivo. Sin embargo, hasta el momento no existe autorización oficial.
Emilio Maldonado, comisionado del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), confirmó ayer domingo que no existe autorización para incrementar la tarifa del transporte, pese a la presión del sector taxi.
En la Capital Industrial circulan más de 5,200 taxis, los conductores proponen un ajuste de cinco lempiras debido al aumento en los combustibles, lo que según ellos, eleva sus costos operativos.
Maldonado indicó que continúan las mesas técnicas con el rubro y que la próxima semana será clave para definir si procede un ajuste. “Todavía no está autorizado ningún incremento”, reiteró.
Elio Muñoz, dirigente de taxis en San Pedro Sula, explicó que el sector se encuentra en conversaciones con autoridades para analizar la situación. “De momento no está autorizado ningún aumento, pero los compañeros están pidiendo una reunión porque ya no se aguanta la situación”, afirmó.
Muñoz señaló que, a diferencia del transporte urbano, las tarifas de taxi no están estrictamente reguladas por ley, ya que operan bajo un sistema de oferta y demanda. No obstante, reconoció que el impacto económico afecta a todo el rubro.
“El problema no es solo el combustible, ha subido los repuestos, la mano de obra y otros costos. Además, seguimos enfrentando situaciones como la extorsión, que también golpea al gremio”, agregó.
Usuarios expresan preocupación
Mientras los transportistas defienden la necesidad del ajuste, los usuarios manifiestan preocupación por el impacto en su economía diaria.
María López, residente de la colonia Rivera Hernández, relató que el transporte ya representa una carga significativa en su presupuesto. “Yo gasto casi 60 lempiras diarios solo en moverme. Si le suben cinco lempiras más, ya no ajusta, uno tiene que decidir entre el pasaje o la comida”, expresó.
Por su parte, José Martínez, trabajador de maquila que viaja desde Chamelecón, considera que un aumento sería difícil de asumir. “Entendemos que todo está caro, pero los salarios siguen iguales y solo en colectivo gasto 50 lempiras de ida y vuelta, a nosotros nadie nos aumenta”, comentó.
Otros usuarios, sin embargo, muestran comprensión ante la situación. “Los conductores también están trabajando para sobrevivir, si todo sube, es lógico que el pasaje también, pero deberían buscar una solución que no nos afecte tanto”, opinó Ana Castillo, usuaria frecuente del transporte colectivo.
El dirigente también reconoció que el transporte en San Pedro Sula enfrenta problemas estructurales, como la falta de control en el número de unidades y rutas. “Aquí se perdió el orden, han surgido nuevos puntos y ni siquiera hay un dato claro de cuántos taxis operan actualmente”, señaló Muñoz, quien añadió que el último control efectivo se registró hace varias administraciones municipales.
Entre las posibles soluciones, el gremio plantea impulsar la conversión de unidades a gas licuado, lo que permitiría reducir costos operativos y evitar incrementos en las tarifas.
“Con gasolina se gastan entre 800 y mil lempiras diarios, mientras que con gas se reduce a la mitad. Si el gobierno apoya estos proyectos, nosotros podemos comprometernos a mantener los precios”, explicó.
Por ahora, el sector transporte se mantiene a la espera de una reunión con autoridades para definir si se autoriza o no el incremento, mientras miles de usuarios continúan enfrentando el impacto del alza en los combustibles en su vida diaria.
