Mora quirúrgica: 1 de cada 3 pacientes lleva más de un año esperando cirugía

El tiempo avanza —a ritmo de velocista olímpico— para los más de 11 mil hondureños que aguardan una cirugía en el sistema público de salud. Pero mientras el reloj no se detiene, la respuesta hospitalaria sí parece hacerlo: los centros asistenciales arrastran casos que se remontan a más de seis años.

Así lo revela un análisis de la Unidad de Datos de LA PRENSA Premium, basado en una muestra de 713 pacientes en lista de espera obtenida a través de una solicitud de información pública. La investigación evidencia que uno de cada tres lleva en lista de espera desde 2024 o incluso antes.

Este análisis abarca solo una fracción de los 10,902 pacientes que, al 31 de enero de 2026, permanecían a la espera de una cirugía. En la mayoría de los casos no se consignó la fecha de programación de la intervención en la respuesta oficial a la solicitud de información SOL-SDS-5674-2026, lo que limita el alcance del trabajo.

De la muestra de 713 pacientes, a 203 se les programó una cirugía para 2025; sin embargo, al cierre de enero pasado la intervención aún no se había realizado.

Llama la atención que los casos con fecha de 2024 sean considerablemente menores que los de 2023: 22 frente a 108 registros.

El panorama se vuelve más alarmante al retroceder aún más en el tiempo: 87 pacientes esperan desde 2022.

Incluso hay personas que acumulan cinco años o más en lista de espera: 11 casos datan de 2021, además de un paciente pendiente desde 2019 y otro desde 2018.

En 2020 no se reportan registros, posiblemente debido a la situación excepcional provocada por la pandemia de covid-19, cuando muchos procedimientos médicos fueron suspendidos para concentrar los esfuerzos en la atención del virus respiratorio.

El listado también contempla cirugías programadas para 2026, incluidas algunas fijadas para febrero, aunque no se precisa si ya se realizaron o si fueron reprogramadas. El resto de intervenciones evidencia la presión sobre el sistema, con procedimientos inscritos incluso para los últimos meses del año, lo que confirma la saturación de las salas quirúrgicas.

Las cifras de Salud indican que de los 10,902 personas, 5,709 se encuentran en estado de mora, traduciéndose en un 52%. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un paciente está en mora cuando han transcurrido tres meses y aún sigue sin ser operado.

Los 11 mil pacientes en espera se reparten entre los 28 centros hospitalarios públicos de Honduras, aunque los ubicados en las principales ciudades cargan con la mayor parte del problema.

El Hospital Escuela es el que se encuentra en estado más crítico. De 1,794 cirugías, el 98% está en mora. El segundo con más retraso es el Instituto Nacional Cardiopulmonar "El Tórax", con una mora del 87%.

El tercer hospital más saturado es el San Felipe, el cual tiene una mora del 66% con 1,743 personas. En total, tiene en espera a 2,630 pacientes.

El Hospital Mario Catarino Rivas, uno de los principales centros asistenciales de la zona norte de Honduras, tiene en lista de espera a 1,297 pacientes, de los cuales el 60% ya está en mora.

Otros centros donde la situación es crítica son el Hospital General del Sur y el Hospital de San Marcos de Ocotepeque. Ambos tienen una lista en mora del 56%.

Este rotativo analizó los datos por departamento, siendo Francisco Morazán el que alberga más pacientes en lista de espera con 5,333, conformado tanto por quienes están en mora como por aquellos que aún se encuentran en un umbral inferior a los tres meses. En este departamento

Cortés se posiciona en el segundo lugar con más pacientes al contabilizar 1,840 en espera quirúrgica, seguido de Choluteca con 791.

En contraste, el hospital de Puerto Lempira, el Salvador Paredes, Santo Hermano Pedro, el de Occidente, el de San Lorenzo y el Centro Hondureño para el Niño Quemado (Cehniq) tienen pacientes pendientes, pero no con muy prolongados retrasos.

Tanto Francisco Morazán como Cortés albergan los principales centros asistenciales del país, tales como el Hospital Escuela y el Catarino Rivas.

Es por ello que no solo atienden personas de sus respectivos departamentos, pues muchas son remitidas a estos hospitales, factor que influye en que su capacidad sea desbordada.

El pasado 2 de febrero el Congreso Nacional decretó estado de emergencia en el sector salud por un año, como parte de las estrategias contempladas por el gobierno del presidente Nasry Asfura para abastecer de medicamentos los centros hospitalarios y tomar medidas para la reducción de la mora quirúrgica.

Además, se aprobó la ley de medidas excepcionales para la atención prioritaria en materia de salud. Este instrumento jurídico permite que el Estado vuelva a suscribir fideicomisos, convenios especiales de prestación de servicios, suscribir contratos con instituciones públicas y privadas.

La Secretaría de Finanzas queda con la responsabilidad de identificar fuentes de financiamiento internas y externas y hacer modificaciones presupuestarias.

Esto abre las puertas a que los pacientes puedan ser atendidos en establecimientos privados.

Asfura detalló que se establecería un precio estandarizado para las cirugías y que por medio del fideicomiso se garantizará el pago de las operaciones en todos los hospitales. Por otro lado, organizaciones de sociedad civil y gremios de profesionales de la salud participarán como veedores como parte de los mecanismos de transparencia en el manejo del fideicomiso.

LA PRENSA Premium se contactó con una fuente de la Asociación de Hospitales Privados de Honduras (Ashoproh) para conocer los acuerdos alcanzados con las autoridades. Sin embargo, afirmó que hasta el momento solo han participaron en la definición de los lineamientos del reglamento.

"Continuamos en espera del resumen final de este trabajo. Hasta el momento eso es todo", dijo.

Este medio también se comunicó con el designado presidencial Carlos Flores Guifarro, quien junto al presidente Asfura y a la designada María Antonieta Mejía asumieron las riendas de la Secretaría de Salud.

Flores pidió vía WhatsApp que se le enviaran las preguntas. Este rotativo envió por escrito las interrogantes, pero hasta el cierre de la edición de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Las medidas aprobadas no significan que absolutamente todos los pacientes pendientes serán atendidos en centros privados, aclaró el diputado liberal Carlos Umaña. Informó que se deben contratar a persona médico para cubrir la red sanitaria pública

"No se delega la totalidad. No es la medicina privada los que va a sacar esos diez mil pacientes. En los quirófanos del Estado deben ser contratados los especialistas, y una vez que se cubran los cupos de los hospitales, va empezar a atender la medicina privada", declaró.

Añadió que con el reglamento elaborado en conjunto con distintos gremios, organizaciones de sociedad civil y el sector privado, se definirán los precios y se debe estipular que primero sean contratado el personal de salud antes de iniciar con el traslado de pacientes a hospitales privados.

Además de estas medidas, señaló que es imperativo que el gobierno priorice la reparación de los hospitales. "Tienen que repotenciarse los quirófanos, las emergencias, las áreas de hospitalización. Es toda una reconstrucción", comentó el parlamentario.

Umaña expresó que en el Presupuesto General de la República se contemple una partida para la reparación de hospitales. A su criterio, deben asignarse 1,200 millones de lempiras. Señaló que primero se tienen que intervenir los hospitales con mayor capacidad en los quirófanos para ir reduciendo la mora.

Si bien los gremios de salud participaron en la elaboración del reglamento de la ley de medidas excepcionales, el anuncio de despidos masivos por parte del gobierno de Asfura, no ha sentado bien y ha causado malestar en el Colegio Médico de Honduras (CMH).

En adición, se suma a lo manifestado por el procurador general de la República, Dagoberto Apras, quien adelantó que no se contratarán personas que hagan demandas contra el Estado.

Samuel Santos, presidente del CMH, aseveró que "cuando el señor procurador del Estado dice que no van a contratar personas que tengan cuentas o juicios contra el estado de Honduras, está negando el derecho al trabajo".

El galeno aseguró que el CMH está dispuesto a colaborar con las autoridades, tal como lo hicieron en su participación en la confección del reglamento y el compromiso para acompañar las veedurías con fines de transparencia, pero opinó que no se puede para combatir la mora quirúrgica si en lugar de contratar más especialistas, se despiden.

"Los gremios y los trabajadores de Honduras nos unimos paraa trabajar por un decreto de emergencia para recuperar la salud, pero el el procurador general aparece amenazando a los trabajadores. Eso es falta de transparencia. Eso enturbia la situación y el presidente tiene que aclarar esta situación. No podemos estar colaborando con un cuchillo en la garganta", puntualizó.

Seguidamente, enfatizó que en la red pública se necesita más contratación de microbiólogos, enfermeras, anestesiólogos y demás especialistas, resaltando que es inútil tener instalaciones y equipo médico sin los profesionales para utilizarlo.

"Si estamos hablando de fortalecer el sistema de salud y al mismo tiempo los políticos desde el Congreso Nacional y la Procuraduría General de la República están hablando de una masacre laboral, entonces no estamos haciendo nada, no estamos fortaleciendo nada. Se va a quedar es una bandera nada más.

A su criterio, la salud ya se encuentra privatizada desde el momento en que los pacientes deben acudir a centros privados para hacerse un examen o comprar medicamentos ante la falta de estos insumos en los establecimientos públicos, advirtiendo "que se profundizaría la privatización de la salud si se empieza a despedir a más trabajadores".