Asfura, con el reto de reconstruir red hospitalaria y reducir mora quirúrgica
Nuevo gobierno recibe una red sanitaria que funciona al límite, con escasez medicinas, déficit de personal, fuga de talento médico y una atención primaria debilitada
- Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 09:42 /
La red sanitaria pública hondureña atraviesa una crisis estructural profunda por el déficit de su capacidad operativa, el desabastecimiento crónico y una brecha creciente entre la demanda ciudadana y la respuesta del Estado.
En este escenario, la nueva administración del presidente Nasry Asfura, quien asumió el 27 de enero como presidente, ha puesto sobre la mesa la declaratoria de una emergencia sanitaria nacional, una medida que busca enfrentar de manera inmediata las fallas acumuladas durante años.
El punto de quiebre más visible es la mora quirúrgica, un problema que muestra la incapacidad del sistema para garantizar procedimientos médicos básicos a tiempo. De acuerdo con estimaciones de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), más de 13,000 hondureños permanecían en listas de espera para una cirugía en hospitales públicos, con una concentración significativa en la región central y la zona norte del país.
Aunque las autoridades sanitarias anteriores reconocieron la existencia del problema, sus cifras oficiales contabilizaban 12,357 pacientes en espera, de los cuales 6,777 se encontraban en mora quirúrgica, difiriendo de los datos de la ASJ.
La mora quirúrgica es apenas un síntoma de una enfermedad más profunda. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en su análisis integral "Parálisis sanitaria", documentó que los 32 hospitales públicos del país operan bajo condiciones de abandono estructural, con un déficit presupuestario que superaba los 11,000 millones de lempiras.
Según este análisis, más del 60% del presupuesto hospitalario se destinó al pago de salarios, dejando márgenes mínimos para mantenimiento, compra de equipos, reparación de infraestructura o modernización de servicios. El resultado es una red hospitalaria que funciona por debajo de su capacidad, con quirófanos cerrados, áreas críticas deterioradas y personal sobrecargado.
La situación se agrava en la zona norte del país. La ASJ estimó que alrededor de 1,640 pacientes en el norte y la región atlántica esperaban una intervención quirúrgica, una cifra que pone en evidencia la incapacidad de hospitales de referencia como el Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula, para absorber la creciente demanda.
Uno de los factores determinantes es que al menos el 28% de los quirófanos del sistema público no estaba operativo, ya sea por falta de mantenimiento, equipos inservibles o ausencia de insumos básicos. Esto reduce drásticamente la capacidad de respuesta tanto para cirugías programadas como para emergencias.
A la crisis quirúrgica se suma el desabastecimiento persistente de medicamentos e insumos clínicos, una problemática que golpea directamente a los pacientes más vulnerables. Una veeduría social de la ASJ, realizada en 13 departamentos del país, reveló que el 24% de los usuarios del sistema público recibía sus medicamentos de forma incompleta o no los recibía, con cifras aún más elevadas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss).
La consecuencia es directa, ya que miles de personas se ven obligadas a comprar medicamentos por cuenta propia, un gasto imposible de asumir para pacientes de bajos ingresos o con enfermedades crónicas que requieren tratamientos permanentes.
Esta situación está estrechamente vinculada a la baja ejecución presupuestaria. Entre 2022 y 2024, más de 5,448 millones de lempiras asignados al sector salud no fueron ejecutados, pese a que el Congreso Nacional aprobó incrementos presupuestarios. En 2025, la ASJ alertó que la Secretaría de Salud apenas ejecutó el 64% de su presupuesto, mientras que la partida destinada a medicamentos se redujo en un 37%.
El deterioro también está en la capacidad instalada del país, Honduras no alcanza ni una cama hospitalaria por cada 1,000 habitantes, una cifra crítica para cualquier sistema de salud funcional y muy por debajo de los estándares regionales. El déficit de personal es igualmente alarmante, el país cuenta con tres veces menos médicos que el promedio de América Latina, una brecha que incrementa la sobrecarga laboral, prolonga los tiempos de espera y limita el acceso a atención especializada.
La precariedad laboral, los contratos temporales y la falta de incentivos han provocado una fuga constante de talento médico, que migra hacia el sector privado o al extranjero en busca de mejores condiciones.
En el norte y el valle de Sula, la crisis se intensifica con la presión recurrente de enfermedades endémicas, como el dengue, que cada año saturan las emergencias y unidades de hospitalización. La ausencia de programas sostenidos de prevención y control vectorial ha convertido estos brotes en una amenaza permanente para la estabilidad del sistema.
A ello se suma una deuda histórica, la salud mental y la atención primaria comunitaria. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras han advertido que en municipios como La Lima, la demanda de atención psicológica supera ampliamente la oferta pública.
Primeras peticiones
Frente a este panorama, el presidente Nasry Asfura ha solicitado al Congreso Nacional la aprobación de un decreto de emergencia sanitaria con el objetivo de agilizar recursos, contratar personal médico, habilitar quirófanos y garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos esenciales.
Asfura ha calificado la situación como "una emergencia de salud nacional" y ha solicitado el respaldo de los 128 diputados para implementar medidas excepcionales que permitan recuperar la operatividad del sistema hospitalario; sin embargo, la propuesta se inscribe en un contexto donde el uso de decretos de emergencia ha generado debates sobre transparencia, controles y rendición de cuentas.
Hasta ahora, el Ejecutivo no ha divulgado los detalles técnicos ni el cronograma de implementación de las medidas anunciadas, un vacío que mantiene la expectativa, y la cautela, entre sectores de la sociedad civil y el gremio sanitario.
Los diagnósticos antecedentes documentados coinciden en un punto, la crisis del sistema de salud hondureño no es coyuntural ni reciente, sino el resultado de años de mala gestión, subejecución presupuestaria y abandono institucional. La declaratoria de emergencia puede ser un punto de partida, pero expertos advierten que sin una reforma estructural, transparencia en las compras, fortalecimiento de la atención primaria y una inversión sostenida, el sistema seguirá operando al límite.
Esfuerzos
La crisis del sistema sanitario público hondureño ha alcanzado un punto crítico, así lo reconoció el designado presidencial y médico cirujano, Carlos Flores, quien describió el estado actual de la salud pública como "un paciente en cuidados intensivos", con quirófanos subutilizados, desabastecimiento de medicamentos y una mora quirúrgica que ronda los 15,000 pacientes en todo el país.
Flores aseguró que el nuevo equipo de gobierno ha definido siete líneas base de trabajo para enfrentar de forma integral el colapso del sistema, priorizando la atención quirúrgica, el abastecimiento de medicamentos y la recuperación de la red hospitalaria pública.
Uno de los ejes centrales será la reducción inmediata de la mora quirúrgica. Para ello, el Gobierno plantea utilizar de manera estratégica la capacidad instalada del sistema privado de salud, permitiendo que pacientes del sector público puedan ser operados en hospitales privados sin ningún costo, especialmente en procedimientos como hernias, cirugías de vesícula u otras intervenciones que las familias no pueden costear.
“El objetivo es que el paciente que nunca ha entrado a un hospital privado pueda hacerlo y reciba atención digna, segura y oportuna”, afirmó Flores, al indicar que esta medida no implica privatización del sistema, sino una respuesta extraordinaria ante una emergencia nacional.
La estrategia también contempla la habilitación de quirófanos actualmente inactivos y la implementación de jornadas vespertinas en hospitales públicos, con el fin de ampliar la capacidad operativa sin necesidad de construir nueva infraestructura en el corto plazo. Además, se proyecta la apertura de consulta externa los sábados y domingos, como una medida para descongestionar los servicios hospitalarios.
En el primer nivel de atención, el enfoque será garantizar el abastecimiento total de medicamentos. Flores fue enfático al señalar que ningún paciente debe salir de un centro de salud “con una receta en la mano y sin medicamento”, una práctica que se ha vuelto recurrente en los últimos años.
En materia administrativa, el designado presidencial rechazó la implementación de juntas interventoras, al asegurar que existe un equipo técnico eficiente capaz de gestionar el sistema con mayor eficacia y transparencia. En esa línea, indicó que el Colegio Médico de Honduras ha sido puesto a disposición como aliado estratégico, junto a profesionales de la salud y actores del Gobierno.
El diagnóstico financiero del sector es igualmente alarmante. Según los datos presentados, el sistema sanitario cuenta con un presupuesto aproximado de 29,000 millones de lempiras, de los cuales 19,000 millones se destinan al pago de salarios. Apenas 9,000 millones quedan disponibles para operación, mientras que la deuda con proveedores asciende a 2,600 millones de lempiras, una carga que limita seriamente el abastecimiento de medicamentos e insumos.
Flores insistió en la urgencia de aprobar el decreto de emergencia sanitaria, que permita agilizar compras, saldar deudas críticas y ejecutar recursos con mayor flexibilidad, bajo mecanismos de transparencia y fiscalización.
“El sistema de salud en este momento está colapsado, la mesa del presupuesto está en rojo”, advirtió, al tiempo que reconoció que el proceso de estabilización podría tomar al menos un año, en un contexto económico complejo para el país.
El Gobierno también prevé gestionar apoyo de la cooperación internacional para fortalecer la respuesta sanitaria, mientras se avanza en la recuperación gradual del sistema.
Centralización del sistema de salud
En paralelo a estas medidas, el Gobierno, dirigido entonces por Xiomara Castro, a pocas horas de la transición, dio un paso estructural. La Secretaría de Salud oficializó el acuerdo No. 25-2026, mediante el cual se cancelan definitivamente los convenios de gestión con entes descentralizados a partir del 1 de julio de 2026, pasando a un retorno a la centralización del sistema sanitario.
La decisión, publicada en La Gaceta, busca que el Estado recupere la administración total de los servicios de salud, absorbiendo al personal médico y asistencial bajo la estructura directa de la SESAL. El proceso de transición iniciará el 1 de abril de 2026, cuando se desvincularán los presupuestos destinados a convenios descentralizados para reorientarlos a la contratación directa.
El acuerdo establece que serán incorporados médicos generales y especialistas, personal de enfermería, técnicos, microbiólogos y químicos farmacéuticos, siempre que hayan estado en planilla al 31 de diciembre de 2025 y cuenten con al menos tres meses de antigüedad. Quedan excluidos cargos de confianza y personal administrativo ligado a la gestión financiera.
Dos hospitales, el María, Especialidades Pediátricas, y el Centro Hondureño para el Niño Quemado, fueron exceptuados de la medida y mantendrán su modelo de gestión actual. Según sostuvieron la anteriores autordades sanitarias, esto busca corregir la dispersión administrativa que su parecer debilitó la rectoría del Estado y afectó la eficiencia del sistema, pero el reto logístico y presupuestario de integrar a miles de empleados a la red centralizada será uno de los mayores objetivo a cumplir en 2026.
Asfura al frente de Salud
Nasry Asfura asumirá la titularidad de la Secretaría de Salud con el respaldo de sus tres designados presidenciales (vicepresidentes), informó el miércoles el ministro de Comunicación y Estrategia, José Argueta.
El equipo de apoyo directo estará integrado por los vicepresidentes María Antonieta Mejía, quien coordinará los procesos legislativos y normativos; Carlos Flores, quien servirá de enlace con el gremio médico; y Diana Herrera, encargada de la seguridad alimentaria y la relación con la empresa privada.
El mandatario hondureño designó a los médicos Ángel Eduardo Midence y José Miguel Castillo como subsecretarios de Redes Integradas y de Proyectos e Inversión en Salud, respectivamente.
Con esto se espera que haya un enfoque en la reducción de la mora quirúrgica mediante la articulación con el sector privado, mientras se espera la recuperación de la capacidad propia de los hospitales. Además, el Ejecutivo ha solicitado al Congreso la aprobación de un instrumento jurídico para la compra de medicamentos a través de un fideicomiso, buscando garantizar el abastecimiento en los 18 departamentos del país centroamericano.
La reciente decisión del presidente de asumir un rol directo en la conducción del sector salud, con el respaldo de los viceministros, es para Carlos Umaña, congresista y expresidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social en San Pedro Sula, una señal política clara de que la crisis sanitaria ha alcanzado un nivel que no admite dilaciones.
Según Umaña, la prioridad debe centrarse en la reconstrucción y rehabilitación de la red hospitalaria antigua, donde se concentra la mayor cantidad de quirófanos del sistema público. Indicó que gran parte de estas salas permanecen fuera de servicio debido al deterioro de la infraestructura, la falta de mantenimiento y la carencia de personal especializado, lo que limita la capacidad de respuesta frente a la creciente mora quirúrgica.
El parlamentario sostuvo que, aunque es necesario concluir los hospitales que fueron iniciados durante la administración de Castro, la solución inmediata está en recuperar la capacidad instalada existente, especialmente en los centros hospitalarios tradicionales que hoy operan muy por debajo de su potencial.
Con relación con la mora quirúrgica, Umaña fue enfático al señalar que no debe resolverse mediante procesos de privatización del sistema de salud. No obstante, reconoció que se requieren medidas temporales y extraordinarias mientras se restablece la operatividad del sistema público, como la reparación de quirófanos, la ampliación de horarios y la contratación de más médicos especialistas.
Añadió que estas acciones deben ir acompañadas de un plan de formación progresiva de recurso humano, que permita al país salir de la crisis en el mediano plazo. Para ello, consideró indispensable evaluar en qué áreas se necesitan más especialistas y qué posgrados deben fortalecerse o crearse de acuerdo con las necesidades reales del sistema sanitario.
Umaña dijo que cualquier estrategia para rescatar la salud pública debe construirse en consenso con el Colegio Médico de Honduras, al advertir que excluir al gremio médico de la toma de decisiones podría debilitar los esfuerzos de recuperación. “La respuesta debe ser integral y concertada, no impuesta”, señaló.
En materia de medicamentos, el congresista respaldó la creación de un nuevo fideicomiso para la compra de medicinas, al considerar que este mecanismo permitiría agilizar los procesos de adquisición y garantizar un abastecimiento más oportuno en los centros de salud; sin embargo, advirtió que los medicamentos no deben dispensarse a través de farmacias privadas, ya que este esquema incrementa el riesgo de sobrevaloración y reduce los controles sobre el gasto público.
