San Pedro Sula, Honduras.
El crimen de Nery Orlando López Sanabria (de 37 años), quien también se hacía llamar Magdaleno Meza, supuesto socio de los hermanos Valle Valle, era la crónica de una muerte anunciada, pues ya se había salvado de tres atentados.
En dos ocasiones intentaron envenenarlo y el tercer intento ocurrió en febrero del presente año, cuando un reo de la pandilla 18 salió de la cárcel de máxima seguridad El Pozo, ubicada en Ilama, Santa Bárbara, para hacerse exámenes médicos; pero por instrucciones superiores dentro de la estructura criminal le ordenaron regresar a la cárcel con una granada introducida en el recto, artefacto que detectaron en el sistema de seguridad de rayos X. Ante tantos intentos, los defensores de López Sanabria solicitaron el traslado al Primer Batallón de Infantería en El Ocotal, Francisco Morazán, ya que temían por su vida.
López Sanabria, que enfrentaba un juicio por lavado de activos, fue mencionado como socio del exdiputado hondureño Juan Antonio Tony Hernández (de 41 años) en el juicio de Nueva York donde fue encontrado culpable de cuatro cargos por narcotráfico.
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Crimen en video.
El plan para acabar con su vida, y por lo que se supone se pagaron al menos 10 millones de lempiras, se cumplió el pasado sábado. En el video que se hizo público se muestra cuando dos agentes penitenciarios hablan con Nery Orlando y otro recluso, quien es registrado por un custodio.
Mientras, otro policía vestido con camiseta café, pantalón moteado y con su rostro cubierto con pasamontaña se adelanta para abrir con una llave un portón rojo.
Al abrir, rápidamente un grupo de seis sujetos sale del área del portón y uno de ellos dispara directamente en la cabeza a López, descargando la pistola en la víctima, quien cae al piso, mientras los otros compinches amenazan a los policías penitenciarios con cuchillos.
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Después, el sujeto que sostiene el cuchillo asesta varias puñaladas a la víctima, ya tirada en el piso. Con rapidez y de forma desordenada, el individuo continúa hiriéndole las piernas. El que porta la pistola vuelve a cargarla y continúa disparando contra López Sanabria, y otro de los criminales le da otra puñalada en el costado derecho. Al momento del ataque, López dialogaba con otro reo, tres custodios penitenciarios y el director de El Pozo. El otro recluso es Fermín García Isaza, un presunto narcotraficante colombiano condenado a ocho años de prisión por el delito de lavado de activos.
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Nery Sanabria era acusado por lavado de activos, tenencia de armas de uso comercial y prohibido y tenencia de explosivos prohibidos.
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 Los supuestos homicidas de Nery López Sanabria fueron identificados como José Orellana, Víctor Pavón, Ricardo Antonio Gutiérrez y Ricardo Adalid Martínez, presuntamente miembros de la Mara Salvatrucha enviados a prisión. Les decomisaron una pistola y dos cuchillos.
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Identificados.
El Instituto Nacional Penitenciario (INP) emitió un comunicado informando de la muerte del preso y de la identificación de los responsables del hecho. Los homicidas fueron identificados como José Orellana, Víctor Pavón, Ricardo Antonio Gutiérrez y Ricardo Adalid Martínez, presuntamente miembros de la Mara Salvatrucha, a quienes les decomisaron una pistola, dos cargadores y dos cuchillos.
El cadáver lo trasladaron en helicóptero a la morgue de Medicina Forense en Tegucigalpa, donde le practican pruebas de ADN.
Reacciones.
Los últimos asesinatos en La Tolva, en Morocelí, y el Pozo, en Ilama, provocó la suspensión de los directores de los reclusorios y la Policía Militar está a cargo de la seguridad.
El crimen de Sanabria tiene en alerta a las autoridades del Gobierno, organizaciones nacionales e internacionales, quienes exigen que se hagan las indagaciones para determinar quién ordenó el asesinato.
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“El Presidente (Juan Orlando Hernández) ha pedido al Ministerio Público una investigación profunda porque hay razones para sospechar que fue dirigido por interés de los narcotestigos, dado que según su abogado, Nery alias Magdaleno estaba en condiciones para demostrar la falsedad de la libreta usada en NY”, escribió en su cuenta de Twitter el viceministro de Seguridad, Luis Suazo.
“Se debe investigar si hay personas interesadas en impedir la declaración de Magdaleno sobre la libreta”, dijo Suazo.
El funcionario informó que los directores fueron suspendidos para efectos de investigación, la cual también incluye al personal que estaba de turno y a los encargados de la seguridad de los módulos.
El vicemistro relató que “el director se presentó para anunciarles a los reos que la visita que en un principio se había suspendido en El Pozo, debido a lo que había acontecido en Morocelí del asesinato de un convicto, se iba a restablecer”.
Carlos Chajtur, abogado de Magdaleno Meza, dijo que desde enero de 2019 solicitó a las autoridades del Instituto Penitenciario y al Poder Judicial ordenar el cambio de centro por amenazas recibidas de parte de grupos criminales. Aseguró que el crimen fue planificado “no es un hecho aislado, hubo planificación”. “A todas luces, el primer responsable es el Gobierno de Honduras. Jamás respondió nuestras solicitudes de traslado para garantizar la seguridad de Magdaleno Meza Fúnez. Ahora que está muerto sí van a ordenar su traslado”, criticó.
Caso narcolibretas.
Omar Dubón, también abogado de Magdaleno Meza Fúnez, aseguró ayer que las llamadas “narcolibretas” sí existen y que “maliciosamente en el expediente judicial no consta el decomiso” de las mismas.
“A Magdaleno Meza le dijeron que lo trasladarían a un batallón si desmentía las versiones de las narcolibretas, a lo cual nosotros nos pusimos a la orden, y ha circulado el chat privado que tuve con el abogado German McNiel (subdirector del INP), donde le manifiesto que me pongo a la orden para hacer una aclaración de la versión de las narcolibretas, y no completan lo demás del chat, solo publican lo que más les interesa y no donde hablamos del traslado al batallón para garantizarle la vida a nuestro representado”.
Según el abogado, en el expediente judicial (101-2018) no mencionan las llamadas narcolibretas, “pero sí fueron decomisadas y en el juicio de New York salieron fotos asegurando que las narcolibretas sí existían. De hecho, nuestro representado sabía que sí eran de él, por eso él quería buscar la forma de lograr su traslado para proteger su vida”.
López fue arrestado en junio del 2018 junto a su esposa y otras personas cuando se transportaba en un vehículo blindado en el que hallaron 193,000 dólares y la libreta que fue presentada en el juicio contra Tony Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
