El Estado de derecho se fortalece o debilita de acuerdo a la fortaleza o fragilidad de las instituciones públicas junto a la voluntad política de las personas que las presiden para divulgar u ocultar a la ciudadanía la forma en que las distintas dependencias públicas y sus recursos financieros son administrados. Ambos términos están directamente vinculados con el combate o alianza con la corrupción pública, la transparencia y el rendimiento de cuentas en la gestión gubernamental.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha identificado tres grupos de participantes en el acto de perpetrar acciones corruptas: los operadores privados, los políticos y los funcionarios no electivos, incluyendo los empleados estatales y la judicatura.
Por su parte, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) concluye que “los avances formales en la lucha contra la corrupción, concretados en el reconocimiento del problema, la legislación y la creación de una institucionalidad destinada a tal fin no han sido garantía de éxito o un freno significativo para contener el crecimiento de la corrupción pública y sus consecuencias políticas y sociales”.
Distintas propuestas de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a tal problemática se resumen así: asegurar la independencia judicial, juzgar y sancionar los delitos para erradicar la corrupción e impunidad, reconstituir la institucionalidad del Ministerio Público, promover la participación ciudadana en las instituciones anticorrupción, crear el sistema integrado de erradicación de la corrupción pública.
Formidables desafíos y obstáculos enfrentan tales iniciativas, además de la férrea resistencia de los delincuentes de cuello blanco, en ocasiones aliados con narcotraficantes, que financian el nombramiento de legisladores y burócratas para acceder a cuotas de poder.
No es nada fácil el saneamiento de la administración y gestión pública y la erradicación de redes férreamente insertas en ella desde hace décadas, que utilizan diversos medios, legales y extralegales, incluyendo el uso de la violencia para eliminar a investigadores comprometidos con la legalidad y el bien común: fiscales, jueces, periodistas.
Estos cuatro años de gestión presidencial serán decisivos para emprender una lucha frontal y sostenida contra estos males. Tal es la expectativa tanto de nuestros compatriotas como de los organismos de crédito internacionales y de países amigos donantes de ayudas diversas a nuestra nación, algunos de los cuales cesaron en cooperar con Honduras al concluir que no han ocurrido reformas significativas y permanentes en tal sentido.
