El dato que solamente tres de cada diez negocios tributan en nuestro país revela las deficiencias inherentes en el pago de impuestos que favorece a unos en desmedro de otros, con ello afectando el principio de equidad: las personas jurídicas que perciben mayores montos de ingresos anuales deben, proporcionalmente, tributar más que quienes dependen de un salario, pensión o jubilación para subsistir, al igual que los pequeños y medianos empresarios, cuyas ganancias apenas les permiten la mera subsistencia, sin poder acumular recursos para reinversión, modernización y expansión de su negocio, ubicado en el sector informal de la economía.
Existen consensos básicos que facilitan una eventual política y legislación tributaria que tome en cuenta la generación de empleo masivo, la dinamización socioeconómica, la gradual y consensuada supresión de exoneraciones, dispensas, de carácter regresivo, que han privilegiado a sectores con influencia política, favoreciéndolos de manera selectiva en perjuicio del empresariado que no está protegido por tales medidas asimétricas.
La ciudadanía exige que los impuestos recaudados sean invertidos en rubros que aumenten la producción, la simplificación administrativa, no orientados hacia el mantenimiento de una excesiva burocracia ni desviados hacia fines partidarios, tampoco en pago de sueldos excesivos a determinados funcionarios, al igual que la supresión de la millonaria partida confidencial asignada a quien ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo, de la cual no existe el necesario rendimiento de cuentas, lo que favorece la opacidad y corrupción.
La política gubernamental ha radicado en aumentar los impuestos indirectos, con ello perjudicando a los consumidores, particularmente a los de ingresos medios y bajos.
Paralelamente, el creciente endeudamiento con la banca local e internacional, así como con los organismos internacionales de crédito.
El día de ayer, la Secretaría de Finanzas anunció que cerrará este año con mayor cantidad de deuda, que resulta ya impagable para el tamaño de nuestra economía: US$ 18,503.8 millones, tanto en deuda externa como interna, en tanto el servicio de la deuda entre 2022-2025 ascendió a US$ 7,773.5 millones, cancelando US$ 4,456.9 millones y en intereses US $3,316.6 millones.
Tal es el legado que hereda la actual y las futuras generaciones de compatriotas.
