Nuestra libertad de prensa

Las restricciones a la libertad de prensa en la región provienen de cuatro fuentes principales: marcos legales de protección defectuosos y débiles, desde una perspectiva democrática.

Un valioso documento, que es el Estado de la Región, que incluye Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, periódicamente investiga y divulga diversas variables: sociales, económicas, demográficas, sanitarias, políticas, ambientales, migratorias, existentes en cada una de las ocho naciones estudiadas.

En su sexta edición, correspondiente a 2021, se refiere en estos términos al factor libertad de prensa en Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala: “... Ha habido un incremento de la retórica agresiva contra la prensa, fenómeno que se ha tornado crítico en las administraciones de turno. El común denominador en estos países es la debilidad del marco que regula el ejercicio del periodismo y la frecuente impunidad de las acciones perpetradas en contra de los profesionales del ramo”. En su más reciente entrega, la séptima, del año 2025 concluye: “... Reporteros sin Fronteras (2024) manifiesta preocupaciones sobre las debilidades de los Estados de derecho para asegurar un entorno propicio para un periodismo plural, seguro e independiente, condición indispensable para la democracia”.

El índice de libertad de prensa que evalúa dicha organización mide el contexto para el ejercicio periodístico según siete indicadores: pluralismo, independencia de los medios, entorno y autocensura, marco legal, transparencia, calidad de la infraestructura, agresiones. En términos generales, este índice muestra retrocesos en todos los países durante el periodo 2019-2024, aunque con niveles y magnitudes muy distintas... Las restricciones a la libertad de prensa en la región provienen de cuatro fuentes principales: marcos legales de protección defectuosos y débiles, desde una perspectiva democrática, lo que contribuye a la criminalización de los comunicadores y a la falta de regulaciones de protección patrimonial y física; las violaciones a los derechos humanos de las personas comunicadoras, que se traduce en intimidación, agresiones patrimoniales y físicas, amenazas de muerte e incluso asesinatos (...). En Honduras, el Comité por la Libre Expresión ha denunciado que en los últimos 20 años se han dado al menos 97 asesinatos de periodistas en el cumplimiento de su trabajo. En tercer lugar, el deterioro de la libertad de expresión y de prensa se debe a los continuos ataques del Poder Ejecutivo a los medios críticos de su gestión. Finalmente, la polarización política y partidaria dificulta el trabajo independiente de los medios de comunicación”.

El quedarse callados e indiferentes no es una opción, por el contrario, resulta contraproducente, debemos estar atentos y vigilantes en denunciar las diversas coacciones que buscan amordazar y silenciar a los medios y comunicadores que mantenemos invariablemente enfoques apegados a la verdad y la realidad, por sórdida que esta sea, sin claudicar en nuestro compromiso con el pueblo hondureño, del cual venimos y al que nos debemos.

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