El Informe de Derechos Humanos 2024 recién presentado por la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa) detalla los ataques frontales y encubiertos en contra de la libertad de expresión, consignado en los artículos 72, 73, 74 de nuestra carta magna.
Si en 2022 Reporteros sin Fronteras ubicó a Honduras en la posición 165 de un total de 180 países, concluyendo que “se encuentra en una situación muy grave”, para 2024 tal rango empeoró al descender al 169. Lo que este índice mide es el contexto político y económico, el marco legal y la seguridad de los comunicadores.
Los decretos legislativos emitidos durante el gobierno de Juan Orlando Hernández no han sido totalmente derogados, y en el Código Penal vigente -que redujo las sanciones a los delitos por corrupción-, contentivo de figuras jurídicas lesivas a la libertad de expresión, continúan vigentes.
De acuerdo a C-Libre, las amenazas e intimidaciones son las formas más frecuentes de agresión hacia los periodistas, comunicadores y defensores de los derechos humanos, para ello utilizando el espionaje digital, la vigilancia masiva, la legalización de la intervención en las comunicaciones, el “hackeo” de cuentas, el acoso y violencia en redes sociales, el uso de inteligencia artificial y algoritmos para identificar y atacar a periodistas críticos e independientes.
Detalla algunos casos relevantes: Wendy Fúnez, directora de Reporteros de Investigación, por sus investigaciones acerca de corrupción; Dunia Orellana, directora de Reportar sin Miedo, por sus divulgaciones acerca del surgimiento de “nuevos ricos” en San Pedro Sula; Interpretando la Noticia, cerrado su espacio de noticias y foro de opiniones por presiones oficiales en contra de la empresa Radio Globo; Jorge Posadas (UNETV y Canal 8), en Copán, mediante campañas de desprestigio, agresiones, amenazas, proferidas desde la alcaldía de Santa Rosa de Copán.
Dicho Informe documentó 123 casos de ataques y agresiones constitutivas de violaciones a los derechos humanos de 40 periodistas, comunicadoras/es sociales, de los que un colega, Luis Alonso Teruel Vega (PENCALIGUE TV) y dos trabajadores de medios, Henry López, de Suyapa Medios (Tegucigalpa), y Douglas Enrique Arce, (Canal Choluvisión, Canal 27) en la ciudad de Choluteca, fueron asesinados. Tal es la dura y cotidiana realidad para los periodistas que no permitimos ni la autocensura, ni las intimidaciones ni halagos y continuemos en el ejercicio de la misión y deber de investigar y divulgar diariamente lo positivo y negativo ocurrido en nuestra patria y el mundo, en el proceso de contribuir a forjar la opinión pública, teniendo como norte y guía la verdad y nada más que la verdad.
