Si el intento reeleccionista del presidente Zelaya fue neutralizado gracias a la acción preventiva de los poderes Judicial y Legislativo, más la intervención de las Fuerzas Armadas; el mandatario Hernández logró, mediante el fallo de la Sala de lo Constitucional favorable a su pretensión, bajo el argumento de que se violaban sus derechos humanos, a pesar de que la reelección presidencial no es un derecho humano, en abierta violación de los artículos 4, 42 numeral 5, 239 y 374, declarados inaplicables, “legalizando” su reelección.
Así se repetía lo ocurrido en 1936, durante la gestión presidencial de Carías, quien, en violación de las constituciones de 1894 y 1924, que incluían un único período de cuatro años para el titular del Poder Ejecutivo, extendió por dos veces consecutivas su continuismo en el poder, hasta el 1o de enero de 1949, para un total de 16 años al frente de los destinos de la nación.
En uno y otro caso, la protesta ciudadana fue respondida con represión e intimidación, con saldo de muertos, encarcelados y desterrados.
Las elecciones de 2013 y 2017 fueron cuestionadas en sus resultados finales por la permanencia de vicios electorales tales como la compra de votos, tráfico de credenciales, control de las mesas electorales por un partido político, manipulación de actas, “captura” de las Mesas Electorales Receptoras, Censo Electoral no depurado.
Con tales precedentes, resulta totalmente válida la preocupación ciudadana respecto a que tal conjunto de irregularidades vuelvan a ponerse en práctica el 30 de noviembre del presente año.
Por ello, el llamado es a observar de cerca que estos comicios se realicen en el marco de lo que ya establecen en materia electoral la Constitución de la República y la Ley Electoral Vigente, más allá de las interpretaciones que se quieran hacer e imponer para favorecer a uno u otro grupo político.
Porque de concluir que los comicios carecerán de la obligatoria transparencia, nuevamente se incrementará el abstencionismo, lo que incide negativamente en la participación masiva del electorado.
Ello requiere de una vigilancia permanente a nivel interno y externo, a fin de que tales delitos electorales no vuelvan a ocurrir ni en esta ocasión ni en las subsiguientes. Caso contrario, estaremos retrocediendo hacia el ominoso pasado signado por el fraude y la violencia.
