Toda institución de carácter privada fundada con el propósito de captar fondos provenientes de personas y entes que buscan obtener seguridades plenas en la custodia y manejo de sus depósitos, además de la obtención de un margen de ganancia a cambio de confiar su dinero, debe previamente contar con la debida y legal autorización otorgada por la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), la que se extiende previas exhaustivas investigaciones para garantizar que se es poseedor de suficientes reservas en efectivo, con adecuados colaterales de respaldo, que confirmen la estabilidad y sólida salud financiera.
Tal no es el caso respecto a Koriun Inversiones, que se presenta como financiera prometiendo un retorno semanal del cinco por ciento del depósito de un monto mínimo inicial de L2,500, lo que ha inducido a pequeños y medianos compatriotas a confiarle sus ahorros, inicialmente, hace seis años, en San Pedro Sula, luego en Choloma, hoy en comunidades de Copán y Santa Bárbara, con filiales también en Juticalpa y Choluteca.
Su historial original está inmerso en la oscuridad, desconociéndose la procedencia del capital inicial, si producto del lavado de activos o de otras actividades igualmente ilícitas, acumulando así un cúmulo de inconsistencias, vacíos y dudas reñidas con la transparencia y rendimiento de cuentas. No es casual entonces que carece de autorización para operar como financiera por parte de la CNBS, que en comunicado emitido el 17 de febrero pasado, advirtió que el dinero entregado por los supuestos socios a Koriun está en el limbo, pues no existe trámite alguno en curso para la oficial autorización de funcionamiento, razón por la que “sus fondos no están protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede)”.
La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado ha iniciado investigación formal, lo que debe ser interpretado como una medida necesaria y protectora de personas que actuando de buena fe, pueden eventualmente ser víctimas de un esquema de carácter piramidal que tarde o temprano colapsa, dejando en la ruina a miles de ahorrantes para lucro de una minoría fundacional de una enorme estafa que ha atrapado en sus redes a hondureños desconocedores de una compleja y sórdida trama, que cuenta con antecedentes previos en fechas no lejanas, debidamente documentadas, que, en la mayoría de los casos, han sido protegidas por la impunidad para sus autores intelectuales. Diario LA PRENSA, mediante su unidad especializada Premium, tras previas investigaciones, ha destapado con carácter de primicia el trasfondo de esta red operativa, que está actuando, a propósito, sin siquiera gestionar el indispensable y necesario visto bueno por parte del Estado, en otras palabras, al margen de la legalidad.
