De acuerdo con estudios ambientales, el 80% del agua que abastece a los habitantes de nuestra ciudad proviene de los acuíferos, tanto superficiales como profundos, lo que demuestra cuán importantes son para dotar del vital líquido a las y los sampedranos.
En el Plan Maestro de Desarrollo Municipal se incluye el Reglamento para la Protección de la Zona de Pozos del acuífero de Sunseri, ubicado en predios de propiedad privada, dividido por el segundo anillo del sector noreste.
No obstante, el contenido de tal instrumento legal no es aplicado por la Alcaldía, demostrando tanto la falta de vigilancia permanente como un alarmante grado de inercia, lo que facilita que crecientemente aumente el número de construcciones que ilegalmente invaden terrenos dentro del manto acuífero.
Sus límites han sido ocupados en la margen derecha del río Blanco, a la orilla de la carretera que conduce a Los Cármenes, lo que es del pleno conocimiento de las autoridades edilicias, sin por ello adoptar medidas protectoras que le pongan un alto definitivo a la posesión ilícita de terrenos que nunca debieron ser habitados y cuyos propietarios acreditan con las respectivas escrituras ser los legítimos dueños.
En la medida en que crecen los asentamientos ilegales, es mayor el grado de contaminación hídrica, poniendo en riesgo la salud de miles de personas, con la posibilidad cierta de epidemias.
El experto en desarrollo urbano, Martín Mayorquín, había advertido meses atrás que las construcciones habían dejado de ser temporales para ser permanentes, que incluyen negocios cuyos dueños, obviamente, poseen recursos económicos que no corresponden a personas de bajos ingresos. Todo lo contrario.
El acelerado proceso de ocupación puede llegar a ser irreversible de no adoptar de inmediato la desocupación de terrenos privados y la reubicación de los migrantes que ocupan los bordos, cuyo número se calcula entre 30,000 a más de 100,000 personas a lo largo de los 50 kilómetros de bordos, lo cual requiere de la debida planificación que involucre a distintos entes del gobierno local y central: Municipalidad, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), al igual que la empresa privada, la Coordinadora General de Bordos y las comunidades en donde serán asentados.
La responsabilidad social debe incluir tanto al Estado, la alcaldía y las fuerzas vivas para hacer frente al unísono a un complejo fenómeno humano que pone al desnudo el alto grado de vulnerabilidad de sectores rurales que erróneamente se trasladan a espacios urbanos en búsqueda de oportunidades inexistentes, para, al llegar, ser víctimas de inescrupulosos y demagogos de oficio.
Queda claro que la recuperación de las zonas protegidas y la reubicación digna de las familias en vulnerabilidad no admiten más dilaciones. San Pedro Sula necesita una ruta clara, voluntad política articulada y el cumplimiento estricto del Plan Maestro de Desarrollo. De lo contrario, el costo de la apatía actual lo pagaremos todos los sampedranos al abrir el grifo en el futuro cercano.
