Comparando distintos modelos de organización municipal en distintos países, vemos que una corporación municipal electa directamente de forma proporcional, con una cantidad variable de miembros, es considerada necesaria en la gran mayoría de los casos.
Esta va acompañada de un alcalde electo directamente (sistema presidencialista equivalente) o de entre los miembros de la corporación (equivalente parlamentario). El tamaño de la corporación o posible división en distritos (siempre plurinominales) tiene variedad, pero generalmente entre más grande es la población, más miembros requiere.
La principal ventaja de esta modificación es que permite institucionalizar el gobierno de las ciudades y logra que haya una representación más adecuada de la población. El alcalde conserva su capacidad ejecutiva, pero en tareas de emitir ordenanzas, manejo y planificación de presupuesto o prioridad de obras, debe lograr consensos. Este debate permite también que más información salga al público, contribuyendo a la transparencia.
Otras reformas de nuestro sistema municipal pueden ser profundizar el concepto de las mancomunidades (que ha tenido éxito en algunos casos) para construir aglomeraciones de funciones en zonas metropolitanas (como el Valle de Sula) donde existen distintos municipios compartiendo un solo espacio urbano.
El desafío de adaptar la mancomunidad como está en la legislación actual es que no genera una representación igual de la población, pero será necesario resolver buscar un mecanismo en los próximos años.
Estos temas merecen un análisis público separado de la óptica política para poder construir órganos municipales más adaptados a nuestras necesidades actuales y futuras. Las alcaldías entonces podrán ser cada vez más protagónicas en construir una sociedad de mayor calidad de vida y bienestar para todos.
