En el artículo anterior planteamos que así como es comúnmente es aceptado que conviene a un usuario permanente de oficinas hacerse de sus propios inmuebles, también el Estado, puede recurrir a esa alternativa por la necesidad de concentrar en menos ubicaciones sus diferentes actividades, sumado al enorme desperdicio presupuestario producto de ineficiencias y duplicidades en la prestación de los servicios inmobiliarios y conexos a las instituciones.