En mi anterior artículo toqué el tema del manejo del riesgo crediticio de las personas como algo importante para el desarrollo de una economía moderna.
En ese sentido, la central de riesgos, las revisiones privadas del historial crediticio, la eliminación de registros de estos y el problema real de las personas que tienen un mal historial son elementos para considerarse y poder buscar una solución a largo plazo a este problema. Las sociedades más avanzadas han descubierto que las penalidades para los malos deudores se deben delimitar a lo largo del tiempo.
Esto se puede hacer de varias formas. Primera: poniendo un plazo máximo para que una mala transacción pueda estar en un historial crediticio. Segunda: ir degradando la penalidad conforme pasa el tiempo. Tercera: establecer un sistema legal para la declaración de bancarrota. En diferentes países se han adoptado soluciones concretas para equilibrar el derecho de información de los acreedores con la necesidad de reinserción financiera de los deudores.
En México y España, por ejemplo, existen plazos máximos -generalmente entre 6 y 7 años- para eliminar la información negativa de los historiales crediticios, asegurando que un error no condene de por vida. En Estados Unidos y Canadá, si bien las deudas aparecen en el registro durante varios años, su impacto en la calificación crediticia se degrada progresivamente conforme pasa el tiempo, lo cual premia el esfuerzo de recuperación.
Y en sistemas como los de Estados Unidos, Colombia o España existen leyes de bancarrota o de “segunda oportunidad”, que permiten reestructurar deudas o incluso cancelarlas, ofreciendo al ciudadano la posibilidad de comenzar de nuevo dentro del sistema financiero formal.
En definitiva, el manejo del historial crediticio debe concebirse no solo como una herramienta de control para las instituciones financieras, sino también como un instrumento de inclusión que permita a las personas reincorporarse al sistema después de una dificultad económica. Lograr un balance entre responsabilidad, oportunidad y regulación justa es fundamental para construir una economía más dinámica, equitativa y sostenible.
