La edición 2025 del informe Corporate Governance Factbook, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), confirma una transformación profunda: el gobierno corporativo ya no es solo una cuestión normativa, sino un factor decisivo para la competitividad, la estabilidad del mercado y la atracción de inversión sostenible.
En un contexto global marcado por la transición verde, la digitalización acelerada y una presión creciente de diversos grupos de interés, la gobernanza empresarial ha pasado de ser un requisito formal a convertirse en una herramienta estratégica para garantizar la resiliencia y la credibilidad de las empresas.
El informe, que abarca más de 50 jurisdicciones, revela un proceso de convergencia normativa sin precedentes. Las reformas inspiradas en los marcos de la Ocde y del G20 están redefiniendo los estándares globales en tres áreas fundamentales: la independencia y efectividad de las juntas directivas; la transparencia en la divulgación de información financiera y no financiera; y la protección de los derechos de los accionistas minoritarios. Hoy, más del 80% de las jurisdicciones analizadas exige la publicación de políticas de sostenibilidad o de factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). Además, el 70% ha incorporado normas sobre diversidad de género en los consejos directivos, lo que demuestra una creciente conciencia sobre el valor de una toma de decisiones más representativa e inclusiva.
Brecha entre norma y realidad
El informe también alerta sobre una brecha significativa entre la existencia de normas y su implementación efectiva, especialmente en economías emergentes. La adopción formal de marcos modernos de gobernanza no siempre se traduce en una cultura institucional que los respalde. Por ejemplo, aunque muchos países han adoptado el principio de independencia en sus consejos, en la práctica esta independencia puede ser cuestionable debido a estructuras de propiedad altamente concentradas o a relaciones personales entre ejecutivos y directores. Estas dinámicas limitan la capacidad de los órganos de gobierno para supervisar con objetividad y exigir rendición de cuentas reales.
Además, los criterios ESG —cada vez más presentes en los informes corporativos— todavía enfrentan obstáculos importantes: falta de metodologías homogéneas, escasa verificación de datos y la ausencia de marcos comparables a nivel internacional. Esto genera escepticismo entre los inversionistas, que demandan información confiable para tomar decisiones responsables y sostenibles.
América Latina: avances y frenos
En este contexto global, América Latina enfrenta un doble desafío. Por un lado, ha logrado avances notables en materia de gobierno corporativo, impulsados por la adopción de códigos de buen gobierno, reformas promovidas por los mercados bursátiles y el crecimiento del capital institucional; por otro, persisten factores estructurales que frenan su consolidación. Entre los principales retos destacan: la concentración accionaria excesiva, que debilita la independencia real de los órganos de gobierno y limita los derechos de los accionistas minoritarios; capacidades regulatorias dispares que impiden una supervisión eficaz y uniforme, pues en muchos casos las autoridades carecen de recursos técnicos, humanos o legales para garantizar el cumplimiento; poca diversidad en los directorios —especialmente en términos de género, experiencia y edad—, lo que reduce la calidad del debate estratégico; e insuficiente divulgación de información no financiera, especialmente en relación con sostenibilidad, gestión de riesgos y gobernanza ambiental.
Luces en la región
Por su parte, algunos países de la región muestran señales de progreso. En Brasil, por ejemplo, la adopción del segmento “Novo Mercado” de la bolsa de valores ha elevado los estándares para empresas listadas, exigiendo prácticas más estrictas en cuanto a transparencia y derechos de los accionistas. México, por su parte, ha impulsado recomendaciones voluntarias en torno a criterios ESG que han sido adoptadas por grandes emisoras.
Sin embargo, estos esfuerzos coexisten con realidades desiguales, donde muchas empresas —especialmente fuera del ámbito bursátil— carecen de estructuras básicas de control interno y rendición de cuentas. En Centroamérica, por ejemplo, el tamaño reducido de los mercados y la falta de presión por parte de inversionistas institucionales limitan la adopción de prácticas más sofisticadas.
Oportunidad para Centroamérica y Panamá
Para países como Costa Rica y sus vecinos centroamericanos, estos desafíos representan una oportunidad estratégica. Alinear sus marcos legales y prácticos con los estándares internacionales no solo elevaría su competitividad, sino que facilitaría el acceso a flujos de inversión responsables, particularmente de fondos internacionales que priorizan empresas con estructuras de gobernanza sólidas. Adoptar prácticas que garanticen mayor transparencia, independencia del consejo y sistemas efectivos de control interno puede marcar la diferencia entre atraer capital o quedar rezagado.
Esta transformación no implica adoptar modelos foráneos sin adaptación local, sino integrar principios clave a la realidad institucional de cada país. Además, incorporar la sostenibilidad y la gobernanza en la estrategia empresarial puede abrir nuevas puertas: desde el acceso a mercados internacionales hasta la posibilidad de emitir bonos verdes o sociales, cuyo crecimiento ha sido exponencial en los últimos cinco años.
Colaboración público-privada
Avanzar hacia una gobernanza corporativa moderna requiere una acción coordinada entre los sectores público y privado. Por parte de los reguladores, es crucial actualizar los marcos legales, cerrar vacíos normativos y fortalecer la fiscalización; esto incluye desde mayor independencia de los organismos supervisores hasta la capacitación continua de sus equipos técnicos.
Del lado empresarial, las compañías deben adoptar una mirada de largo plazo e invertir en su propio desarrollo institucional. Esto implica formar directores con visión estratégica y compromiso ético, establecer comités independientes especializados (como auditoría, sostenibilidad y riesgos) y promover una cultura organizacional centrada en la transparencia y la responsabilidad.
También es clave fomentar plataformas de colaboración público-privadas que impulsen estándares compartidos, generen métricas comunes y promuevan la formación de líderes en gobernanza. La educación ejecutiva y el intercambio de experiencias son herramientas fundamentales para acelerar la madurez del ecosistema empresarial.
Una de las lecciones más poderosas del Factbook 2025 es que las normas, aunque necesarias, no bastan. El verdadero salto cualitativo ocurre cuando los principios de gobernanza se integran en la cultura empresarial; cuando la transparencia deja de ser una obligación y se convierte en un valor, la gobernanza empieza a generar confianza genuina.
América Latina tiene ante sí una oportunidad clara: pasar de una gobernanza de cumplimiento a una de convicción. En un entorno global donde la confianza es escasa y la presión por la sostenibilidad es cada vez mayor, una estructura de gobierno robusta puede convertirse en el principal activo de una empresa y en el motor de un desarrollo económico más justo, inclusivo y duradero.
