Cuando más distante estoy de Honduras, veo mejor sus fortalezas y fragilidades. Una rápida vista de los presupuestos del gobierno central y la lectura de memorias e informes municipales permiten identificar una tendencia: aumento del tamaño, poder e influencia del gobierno central y una debilidad acelerada de las municipalidades que, a cambio de renunciar a sus competencias, han terminado dependiendo del poder central. Y con ello, aumentado la dependencia del ciudadano también.
Ahora, más que nunca, todo se resuelve en Tegucigalpa o se hace lo que Tegucigalpa ordena. Y, para complicar las cosas, el gobierno central ha penetrado al municipio colocando funcionarios que, aunque radicados en el territorio de este, obedecen las órdenes de los jefes en Tegucigalpa. En Olanchito, por ejemplo, hay más funcionarios del gobierno central que de la municipalidad.
Cualquiera puede decir que esto no impacta a SPS, Choluteca, La Ceiba, Comayagua, Danlí, Juticalpa y Santa Rosa de Copán. Y se equivocan. El que el gobierno central decida dar o no las transferencias –por las razones que sean– tiene un fuerte impacto. De forma que la buena o mala administración depende del juicio que se hace desde Tegucigalpa y no de la opinión de los ciudadanos de los municipios señalados.
Pero esta dependencia tiene sus efectos negativos también para el poder central. Como la vamos a ver más adelante, entra a formar la base de la crisis general que está enfrentando el país. Es cierto que la población ha crecido en forma exponencial. Y esta variable no podemos dejar de considerarla. Pero el problema es que, en vez de mejorar la calidad del hondureño, en la medida en que aumenta numéricamente, el ciudadano, las personas, son más frágiles y dependientes.
Hasta hace un tiempo los problemas se resolvían en el municipio. Ahora todo hay que tramitarlo y resolverlo en Tegucigalpa. Todas las dificultades médicas se concentran en las dos ciudades mayores y allí conducen todos los enfermos y sus lamentos. Y como la clase media se ha reducido en la medida en que se ha incrementado la pobreza, la capacidad para acceder al sistema privado se ve limitada. En estas condiciones no hay forma que el gobierno central tenga capacidad para atender las demandas de una población eternamente dependiente.
El populismo que iniciaron los militares y que han continuado los gobiernos democráticos desde 1982 ha operado en forma deficitaria dependiendo de las donaciones externas o de los préstamos concesionados que nunca podremos pagar. Que los organismos de crédito y los políticos saben que serán financiados eternamente. Nos prestarán para pagar los préstamos atrasados.
Lo que ocurre no es un problema manejable por un solo partido político. Peor estaríamos en manos de Nasralla que se ha comportado como un manirroto que sin orden ni cuidado en el manejo los dineros públicos. Porque no se trata de una simple falla en el ajuste de la visión política de un partido político y sus líderes con la realidad que deben manejar, sino que de un problema de inoperatividad general del sistema de organización política que tenemos en el país.
Creímos ingenuamente que Asfura y su grupo –por su hermetismo, aislamiento y su aire de autosuficiencia– tendría conciencia del problema, aceptando que el populismo es inmanejable si no se tiene una estructura económica eficiente y autónoma que lo sostenga. Pero no.
Creyeron que era cosa solo de cambiar el color de la bandera. El problema es complejo y la reforma que el país necesita, hace urgente y necesario, sostenerlo con un pacto para poder frenar la dependencia que nos agobia y que nos llevará a la muerte como nación. Hoy o mañana.
