Las sesiones del Congreso Nacional celebradas esta semana en San Pedro Sula dejaron una noticia importante para Cortés. Los diputados aprobaron dos decretos que contemplan 88 proyectos por aproximadamente 10,855 millones de lempiras. Es una decisión que merece atención por la magnitud de los recursos y, especialmente, por las necesidades que estas inversiones buscan atender.
De ese monto, unos 8,597 millones corresponden a 65 proyectos de infraestructura vial previstos para 2027 y 2028. Los restantes 2,258 millones comprenden 23 iniciativas relacionadas con energía, salud, agua potable, protección contra inundaciones y otras áreas del desarrollo regional.
Entre las obras contempladas destacan el libramiento de San Pedro Sula, la carretera Naco-Chamelecón, nuevos intercambiadores, mejoras en instalaciones hidroeléctricas y proyectos para reducir las inundaciones en el valle de Sula.
No son necesidades menores porque quienes enfrentan congestionamientos para llegar al trabajo conocen el costo de una movilidad deficiente. Las familias que han sufrido inundaciones saben lo que significa perder una vivienda o comenzar nuevamente después de una emergencia. Para las empresas, disponer de carreteras, energía y servicios adecuados influye en sus posibilidades de producir y generar empleo.
Pero, es importante estar claros que la aprobación legislativa no significa que los 88 proyectos tengan garantizado su financiamiento ni estén listos para comenzar. Su ejecución dependerá de la disponibilidad presupuestaria, los estudios técnicos, la contratación y la capacidad de las instituciones responsables.
Esto no disminuye la importancia de lo aprobado. Simplemente permite comprender que una decisión legislativa constituye una etapa del proceso, no su culminación.
También se estableció la presentación de informes trimestrales sobre avances físicos y financieros. Es un mecanismo valioso, pero podría fortalecerse mediante una comisión de seguimiento integrada por representantes del Congreso, instituciones ejecutoras y sectores ciudadanos de Cortés. Su función sería verificar las asignaciones presupuestarias, acompañar el calendario de ejecución y mantener informada a la población sobre avances, retrasos y dificultades, sin sustituir las responsabilidades de los organismos fiscalizadores.
Cortés necesita infraestructura para crecer, pero también obras que protejan lo que sus habitantes ya han construido. Mejorar la conectividad y reducir el riesgo de inundaciones son necesidades complementarias.
Las sesiones legislativas dejaron una agenda de inversión considerable. El siguiente paso es asegurar que cada proyecto avance del decreto al presupuesto y del presupuesto a la ejecución. Porque el verdadero alcance de lo aprobado se conocerá cuando las obras comiencen a transformar la región.
