Gracias a la gentileza de Julio Raudales, rector de la Universidad “José Cecilio del Valle”, tuve oportunidad de escuchar la última conferencia magistral de las tres ofrecidas en Tegucigalpa con ocasión de la celebración de los 250 años de la Independencia de los Estados Unidos.
Las brindó el profesor de Derecho de la Universidad de St. Thomas, Christian Lee Gonzales-Rivera, director del Summer in Spain Program. La que escuché versó sobre la Constitución de los Estados Unidos y su aplicación en la defensa de los derechos de los ciudadanos como instrumento para defender la libertad, la felicidad y la prosperidad.
Conozco las constituciones de Honduras, Centroamérica, México, la de Cádiz de 1812, Francia, la Unión Soviética, Vietnam y Cuba. Por ello, puedo decir que las dos constituciones que considero superiores son la de Estados Unidos y la de Cádiz, España, de 1812. La didáctica exposición del doctor Gonzales-Rivera me lo confirmó.
Demostró en forma fácil que la Constitución de los Estados Unidos no se refiere a la forma de gobierno, las reglas para manejar la economía y mucho menos a cómo se articulan las FF AA con el Poder Ejecutivo. La Constitución de los Estados Unidos se refiere a todos esos asuntos, pero privilegia en su breve articulado, e incluso en sus enmiendas, la defensa de los derechos de los ciudadanos ante cualquier amenaza del poder público que ponga en peligro la libertad, la prosperidad y la felicidad de los ciudadanos. Washington, Jefferson y Adams, entre otros, tenían muy claras dos cosas cuando discutieron el articulado de su Constitución: que estaban creando una nueva nación y que esa nación debía asegurar la libertad -de pensar, opinar y rendir culto a Dios- y permitir el logro de la prosperidad personal y la felicidad individual.
Y como conocían los problemas de los reyes, que les obligaban a servir como siervos suyos, incluso cambiando de religión cuando las circunstancias así se lo indicaban, crearon un Poder Ejecutivo débil, un Congreso -con dos cámaras bien definidas en sus competencias- y una Corte Suprema, garante de la ley y del respeto ciudadano. Seguros de que en la libertad podían encontrar la prosperidad y la felicidad que se tenían merecidas, como señal de que Dios los había escogido como salvos y seguros ciudadanos del reino de Dios. En conclusión, sabían de los peligros y temían la arbitrariedad de los gobernantes. Imaginaron y diseñaron una Constitución para protegerse y defenderse de los probables gobernantes arbitrarios.
Después de escuchar a Gonzales-Rivera, quien nos mostró cómo los ciudadanos recurren a la ley para defender sus derechos, caí en la cuenta de que la cultura estadounidense ha desarrollado una pedagogía de la defensa de los derechos ciudadanos que permite que cada uno pueda demandar a cualquier autoridad si considera que sus derechos son vulnerados o denegados. Los jueces son más accesibles -están disponibles las 24 horas del día-, los procedimientos son sencillos y los abogados están más prontos que aquí para demandar a quienes agreden los derechos ciudadanos. Las arbitrariedades de Trump contra los inmigrantes han sido frenadas jurídicamente por los jueces, que han impartido justicia en forma pronta.
No pude evitar mi tentación favorita: comparar la defensa de los hondureños en Honduras con la defensa de los derechos de los estadounidenses y residentes en Estados Unidos. Salimos perdiendo. Allá, los abogados representan más a los ciudadanos en contra del poder público. Aquí están mayoritariamente al servicio del poder público. Al extremo de que lo público es presentado como equivalente a la patria y de que todos debemos defenderlo, incluso cuando opera en contra de la ciudadanía. Ellos son grandes. Nosotros, una nación muy pequeña.
