Una jueza federal de Estados Unidos frenó este miércoles la deportación del salvadoreño Kilmar Ábrego hasta principios de octubre, tras convocar para entonces una audiencia con oficiales de la Administración de Donald Trump.
La jueza federal del Distrito de Maryland, Paula Xinis, ha programado una audiencia para el 6 de octubre para fallar sobre su solicitud de habeas corpus.
El habeas corpus es una garantía legal que permite a cualquier persona detenida solicitar que un juez revise la legalidad de su detención.
Xinis ha asegurado que esta solicitud se resolverá unos 30 días después de la audiencia de octubre.
También ha ordenado al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), que actualmente lo mantiene detenido en el estado de Virginia, que mantenga a Ábrego dentro de un radio de 200 millas (unos 320 kilómetros) del estado de Maryland, donde reside.
La defensa de Ábrego ha presentado, además, una moción para reabrir sus proceso de inmigración, anular su orden de deportación y solicitar asilo Estados Unidos.
La magistrada es la misma que ordenó al Gobierno estadounidense que facilitara el regreso de Ábrego desde El Salvador, tras ser deportado allí por error.
Este lunes, agentes del ICE detuvieron a Ábrego en los tribunales de inmigración de Baltimore (Maryland), tres días después de haber sido liberado en Tennessee, mientras espera un juicio por cargos federales de tráfico de personas y un proceso de deportación. Su liberación previa se había autorizado al considerar que no representaba una amenaza para la comunidad ni existía riesgo de fuga.
Este sábado, la defensa de Ábrego explicó en un comunicado que el Gobierno estadounidense estaba amenazándolo con deportarle a Uganda para conseguir un acuerdo de culpabilidad que le permitiese ser deportado a Costa Rica, en su lugar.
Durante el fin de semana, Ábrego entregó dos documentos a la Administración: uno en el que designa a Costa Rica como un país "aceptable" para su deportación, y otro en el que expresa su "temor" de ser enviado a Uganda, al no tener garantías sobre cuál sería su situación en ese país. EFE
