La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que enviará a la Cámara de Diputados una reforma constitucional para aplazar de 2027 a 2028 la próxima elección judicial federal y local, que incluye la simplificación de la boleta y una reducción en el número de candidaturas.
“Vamos a hacer una propuesta para enviar al Congreso para mover la elección al Poder Judicial al 2028”, dijo la mandataria en su conferencia matutina en el Palacio Nacional de Ciudad de México, al argumentar que el cambio busca facilitar la votación ante la magnitud de los comicios ordinarios de 2027.
Sheinbaum explicó que el criterio principal no fue el costo, sino la operación electoral.
“Más que el costo es la facilidad para elegir”, sostuvo, al recordar que en 2027 hay elecciones previstas para renovar gubernaturas en 17 estados, la Cámara de Diputados, congresos locales y gobiernos municipales en gran parte del país.
Luisa María Alcalde, consejera jurídica, detalló que, si la reforma se aprueba, la jornada electoral de 2027 pasará a junio de 2028, tanto a nivel federal como local.
En esa elección se renovarían cuatro magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 463 magistrados de tribunales colegiados de circuito, 385 jueces de distrito y, en los poderes judiciales locales, 424 magistrados y 2.831 jueces en 25 entidades federativas.
La iniciativa también plantea crear una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para verificar requisitos formales y homologar criterios de evaluación, incluida la aplicación de exámenes de conocimientos.
Según la presentación oficial, las candidaturas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajarían de 81 a 54; las del Tribunal de Disciplina Judicial, de 45 a 30, y las del Tribunal Electoral, de 63 a 42.
La reforma también busca simplificar la papeleta electoral para que cada elector vote por un juez y un magistrado por especialidad, entre candidaturas postuladas y juzgadores que busquen reelegirse.
También se propone permitir que la elección de 2028 coincida con una eventual revocación de mandato y que las elecciones judiciales y ordinarias se realicen en la misma ubicación, sin intervención de partidos.
La elección judicial en México de 2025, la primera en la historia del país, registró una participación de alrededor del 13%, lo que generó críticas por la dificultad para identificar a los candidatos en la papeleta.
