China anunció este miércoles sanciones contra seis entidades estadounidenses, entre ellas organizaciones de derechos humanos y empresas de verificación de cadenas de suministro, en respuesta a las restricciones impuestas por Estados Unidos a decenas de compañías chinas por su presunta vinculación con trabajo forzoso en la región noroccidental de Xinjiang.
El Ministerio chino de Comercio incluyó hoy a las seis entidades en su lista de contramedidas y prohibió a las organizaciones y particulares dentro de China mantener con ellas transacciones, cooperación u otras actividades, según una orden que entró en vigor este mismo miércoles.
Las entidades afectadas son Applied DNA Sciences, Stratum Reservoir, Altana Technologies, Responsible Business Alliance, Verité y la organización Human Rights in China.
Varias de ellas desarrollan actividades relacionadas con la trazabilidad de productos, el análisis de cadenas de suministro, las auditorías laborales y los derechos humanos, ámbitos empleados por compañías y autoridades para detectar posibles vínculos comerciales con Xinjiang.
Comercio acusó a las seis entidades de haber colaborado o respaldado las sanciones estadounidenses relacionadas con la región y sostuvo que esas medidas vulneran la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China.
En otro comunicado de la cartera Comercial para explicar las medidas, el ministerio afirmó hoy que las respuestas adoptadas son "en términos generales, contenidas", instó a Washington a retirar las restricciones y advirtió de que "China tomará nuevas contramedidas" si Estados Unidos impone nuevas limitaciones al país.
La decisión llega después de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos incorporase el pasado viernes a 43 empresas chinas a la lista de entidades sujetas a restricciones de importación bajo la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur.
La ampliación, que elevó el listado estadounidense a 187 compañías, impide la entrada de productos fabricados por las empresas afectadas al presumirse que están vinculados con trabajo forzoso en Xinjiang, una acusación que Pekín rechaza.
Washington asegura que las autoridades chinas han sometido a uigures y otros grupos minoritarios a programas coercitivos de trabajo y traslado de población, mientras China sostiene que sus políticas en la región están dirigidas a combatir el extremismo, promover el empleo y favorecer el desarrollo económico.
Tras el anuncio estadounidense, el Ministerio chino de Comercio acusó a Washington de ejercer "coerción económica" y de "apartarse gravemente" del consenso alcanzado entre ambos países para estabilizar sus relaciones económicas y comerciales, y advirtió de que adoptaría las medidas necesarias para proteger a sus empresas.
Las nuevas sanciones se producen pese al acercamiento escenificado tras la cumbre que los presidentes chino, Xi Jinping, y estadounidense, Donald Trump, mantuvieron en mayo en Pekín, tras la cual ambas potencias acordaron ampliar la cooperación y contener sus disputas comerciales.
Desde entonces, los dos países han mantenido contactos en materia económica y comercial, pero también han continuado intercambiando restricciones relacionadas con tecnología, cadenas de suministro, defensa, derechos humanos y seguridad nacional.
