Tegucigalpa, Honduras
A esto se suman otros hechos irregulares ligados al caso que han puesto en precario la seguridad de los jueces anticorrupción, así como la independencia e imparcialidad en la impartición de justicia desde estos tribunales, en donde actualmente se juzgan varios escándalos por malversación de caudales públicos que involucran a altos funcionarios, diputados, exdiputados, particulares y a una
ex primera dama del país.
La denuncia es firmada por la jueza de letras de lo penal con competencia nacional en materia de corrupción Vera Antonia Barahona Herrera; Fernando Gabriel Morazán Aguilera, Rosa Amalia Rajo López y Karla María Arita Mendoza, miembros del tribunal de sentencia de este mismo circuito, y Edin Yovani de la O Ramos, Karla María Martínez y Telma Consuelo Burgos Landa, magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Penal.
Hechos irregulares
La denuncia indica que hubo diversas situaciones irregulares que obstaculizaron y entramparon en ciertas etapas el correcto desenvolvimiento del juicio contra los acusados en el caso Caja chica de la dama.
No obstante, se hace constar en la denuncia que la jueza Monzón López insistió en varias sesiones de trabajo “revocar (a Rosa Lobo) la prisión preventiva e imponerles medidas cautelares, a sabiendas de que la Corte de Apelaciones había confirmado la medida de prisión preventiva”. Posteriormente, el 5 de noviembre del mismo año, el defensor Julio Ramírez pidió que el Tribunal de Sentencia con carácter urgente ordenara a la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) poner a la vista la documentación en su poder a fin de utilizarla como medios de prueba; sin embargo, los jueces la rechazaron por mayoría con el voto disidente de Monzón, quien argumentó que el Ministerio Público estaba “en la obligación de mostrar la documentación solicitada por la defensa”.
También se menciona que para finales de noviembre de ese mismo año la magistrada ya había recibido su nuevo acuerdo como titular de Apelaciones de lo Civil, pero seguía acudiendo a las audiencias relacionadas con el caso de la ex primera dama, para lo cual ya no estaba facultada.
Relación pública
Una tempestad se ha desatado a lo interno de los Tribunales en Materia de Corrupción en Honduras luego de que los jueces y magistrados que integran esa instancia formularan una grave denuncia ante la Supervisión General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra una de sus exintegrantes por supuesta obstaculización y manipulación de un juicio emblemático de corrupción que se ventila en esa instancia judicial.
| 12
millones de lempiras habría sustraído de las arcas estatales la ex primera dama.
|
La Unidad de Investigación de Diario LA PRENSA tuvo acceso al documento oficial remitido el pasado 2 de abril ante la Supervisión General del Poder Judicial, anterior Inspectoría de Tribunales, en el que se denuncia por “hechos irregulares en perjuicio de la administración de justicia” e inadecuada conducta judicial a la magistrada de apelaciones de lo civil Ingrid Ebelinda Monzón López.
 El escrito, al cual tuvo acceso exclusivo Diario LA PRENSA, fue enviado a la Supervisión General de la Corte Suprema el recién pasado 2 de abril.
|
El caso cobra especial connotación en vista de que la denunciada fungió hasta diciembre de 2018 como coordinadora del Tribunal de Sentencia del Circuito Anticorrupción y estuvo designada en las primeras etapas del juicio contra la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo; no obstante, mantenía simultáneamente una relación sentimental con el apoderado legal de la señora Lobo, Julio César Ramírez, con quien actualmente se encuentra comprometida en matrimonio.
| 6
delitos de fraude le imputa el Ministerio Público a Rosa de Lobo.
|
En la relación de hechos presentados ante la Supervisión General de la Corte se establece que la jueza buscó favorecer en diversas oportunidades y tiempos a la acusada, en una de ellas cuando el 23 de agosto de 2018 “intentó convencer a los jueces para revocar la medida de prisión preventiva” dictada contra la clienta de su ahora prometido.
En esa fecha, Monzón López y Fernando Gabriel Morazán, Amalia Rajo y Karla María Arita, sus colegas del tribunal de sentencia, fueron designados para la celebración de la audiencia de revisión de medidas, en la que se resolvió por mayoría mantener la medida cautelar de prisión preventiva decretada contra la señora Lobo, su cuñado Manuel Mauricio Mora y su asistente Saúl Fernando Escobar.
| |
El 10 de diciembre de 2018, Monzón López se retiró como jueza de sentencia del circuito anticorrupción y asumió como nueva magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Corte Suprema. Coincidentemente, el 6 de diciembre, Ramírez presentó por escrito su renuncia al ejercicio de la defensa de la ex primera dama, quedando a cargo del caso el abogado Juan Carlos Berganza, con quien ejercía la defensoría conjunta.
 El abogado Julio Ramírez representó a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo hasta el 6 de diciembre de 2018.
|
Posteriormente, el 21 de diciembre, ambos profesionales hicieron pública a través de sus cuentas en redes sociales su relación sentimental y su compromiso de matrimonio.
En su denuncia, los jueces y magistrados indican que, aunque la relación de la pareja es un hecho eminentemente de índole privada, esta situación va en contra de la conducta y actuaciones de los funcionarios judiciales y violenta la Ley de la Carrera Judicial, el artículo 55 del reglamento de la Supervisión General del Poder Judicial y los artículos 12, 83 y 84 del Código Procesal Penal.
En tal sentido, concluyen que “la magistrada Ingrid Ebelinda Monzón tenía la obligación legal ineludible de excusarse del conocimiento de la causa”, tal como lo establecen tales preceptos jurídicos mencionados.
Por otro lado, los togados del circuito anticorrupción ponen de manifiesto su profunda preocupación, en vista de que el abogado Ramírez presentó el 21 de marzo anterior una recusación en contra de dos jueces de sentencia en la que pone de contexto información personal y confidencial de ellos que solo pudo serle proporcionada por su pareja, lo que conlleva un riesgo a su integridad física.
Por todo lo anterior solicitan a la Supervisión General se abra de inmediato una investigación del caso, para lo cual aportan diferentes medios de prueba.
Polémico nombramiento
La polémica ha rodeado los Tribunales en Materia de Corrupción, ya que en octubre de 2017 se denunció el nombramiento de una de las juezas que integran este circuito. En esa oportunidad se señaló que la abogada Rosa Amalia Rajo salió electa como jueza de sentencia antiextorsión, pero fue designada como jueza anticorrupción, aunque ella no concursó para ese cargo.
| Supervisión General de la Corte confirma denuncia
Anny Ochoa, titular de la Supervisión General, confirmó a LA PRENSA que existe una denuncia en esa instancia contra la magistrada Ingrid Ebelinda Monzón, pero indicó que tienen un plazo de 30 días para hacer las indagaciones y adoptar las medidas que por ley corresponden. Explicó que la Supervisión designará un inspector de campo para las investigaciones y se le concede a la denunciada un plazo de cinco días para los descargos.
Posteriormente, se toman las declaraciones de otros actores y se recogen las pruebas documentales, que concluyen en un informe final, cuya elaboración no dura más de 30 días. Luego, la Supervisión emite una resolución administrativa declarando con o sin méritos la denuncia y se turna al presidente de la Corte con el fin de que determine si aplica una multa, sanción o despido. |
