Tras semanas de parálisis institucional, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) volverá a reunirse en sesión de trabajo para intentar instalar el pleno y destrabar la crisis que afecta al órgano jurisdiccional.
La medida cautelar otorgada a los recursos presentados por la no inscripción de dos candidatos a diputados —uno por el departamento de Olancho y otro por Valle— mantiene enfrentados a los magistrados del TJE.
El tribunal de alzada deberá resolver cuatro recursos de apelación, entre ellos uno interpuesto por el diputado liberal y excandidato presidencial Jorge Cálix, quien busca inscribirse en las planillas de diputados por el departamento de Olancho.
La determinación, que ha detenido la impresión de papeletas a nivel de diputación en ambos departamentos, fue aprobada por mayoría con los votos del presidente del TJE, Mario Flores, y Miriam Barahona.
Desde la aprobación del recurso, Mario Morazán, representante de Libertad y Refundación (Libre), abandonó el pleno y no ha querido reintegrarse, al igual que los dos magistrados suplentes, ambos afines al partido de gobierno.
A su llegada al Tribunal de Justicia Electoral, el magistrado Morazán denunció que varios expedientes relacionados con los departamentos de Olancho y Valle permanecen paralizados, según él, de forma arbitraria.
Según el funcionario, los casos se encuentran detenidos debido a incidentes de recusación presentados contra el magistrado presidente Mario Flores Urrutia, sin que hasta el momento se haya dado el trámite correspondiente.
Morazán calificó la situación como una “falta de responsabilidad institucional”, señalando que el retardo injustificado en estos procesos afecta la credibilidad del Tribunal y alimenta las críticas por inoperancia.
“No puede haber justicia electoral si quienes deben garantizarla retiran los expedientes por intereses personales o decisiones arbitrarias”, expresó el magistrado.
El funcionario recordó que la ley ordena que, una vez presentada una recusación, el trámite debe realizarse de forma inmediata, convocando a un magistrado suplente para resolver el caso. Sin embargo, hasta la fecha —afirmó— no se ha emitido la primera resolución necesaria para avanzar, pese a los reiterados llamados públicos para que se cumpla con el procedimiento.
“El TJE no puede seguir siendo cuestionado por su falta de acción. Los hondureños merecen un tribunal que funcione con transparencia, imparcialidad y respeto al mandato legal”, puntualizó.
