El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este 4 de febrero el informe del Mecanismo de Incidencia Ciudadana (MIC): “Una radiografía de la gestión parlamentaria, 2022-2026”, en el que concluye que el Congreso Nacional que inició funciones en 2022 terminó su periodo en una profunda crisis institucional, con retrocesos estructurales, debilitamiento de la legalidad y una creciente desconexión con la ciudadanía.
Durante la exposición, el CNA recordó que hace cuatro años solicitó formalmente al Congreso Nacional el derecho de observación y veeduría ciudadana, una garantía democrática y no una concesión política.
Según el informe, en ese momento, el entonces presidente del Congreso, Luis Redondo, fue informado de la propuesta de establecer una instancia de colaboración permanente con la sociedad civil para fortalecer la función legislativa.
“La respuesta no fue negativa, pero sí difusa. Se nos dijo que primero había que arreglar la casa y luego abrirse a la sociedad civil. Cuatro años después podemos decir, con la ironía que imponen los hechos, que la casa nunca se arregló”, expuso el CNA.
De acuerdo con el informe, esa negativa a la veeduría ciudadana marcó el inicio de una crisis más profunda, que dio origen al MIC como un mecanismo independiente de monitoreo, análisis y documentación del desempeño del Poder Legislativo.
Presentación del informe del Mecanismo de Incidencia Ciudadana. Una radiografía de la gestión parlamentaria 2022-2026 https://t.co/CJ1KLEbT5y
— CNA Honduras (@cnahonduras) February 4, 2026
El CNA recordó que el periodo legislativo 2022-2026 comenzó con un hecho sin precedentes: la instalación de dos juntas directivas paralelas en enero de 2022. Aunque una de ellas terminó imponiéndose, el informe sostiene que no fue mediante consensos ni respeto a la ley, sino por la vía de la fuerza y la imposición, desplazando la legalidad desde el inicio del periodo.
“Un poder legislativo que nace en crisis y culmina en crisis es, por definición, un Congreso fallido”, señala el documento, al advertir que los problemas fundacionales nunca fueron resueltos y se reprodujeron hasta el cierre del periodo.
Entre los principales hallazgos, el CNA documenta seis fracasos estructurales: la concentración de decisiones en la Junta Directiva, la instrumentalización de la Comisión Permanente para excluir mayorías y elegir autoridades sin consenso, la parálisis legislativa y el incumplimiento constitucional normalizado, el debilitamiento de la rendición de cuentas y la resistencia a la veeduría ciudadana, la opacidad presupuestaria y la distorsión de preceptos constitucionales para justificar abusos institucionales.
El informe adviertió que uno de los hechos más graves ocurrió el 9 de enero de 2026, cuando se simuló la aprobación de un decreto orientado a anular la declaratoria de resultados emitida por el Consejo Nacional Electoral, sin consecuencias legales posteriores.
“El Ministerio Público optó por la inacción, no por neutralidad, sino por alineamiento con el poder político”, afirmó el CNA durante la presentación.
El documento también reveló que el Congreso acumuló una mora legislativa promedio del 76 % entre 2022 y 2025, lo que se tradujo en una baja aprobación de decretos presentados por diputados, mientras que las iniciativas del Poder Ejecutivo fueron aprobadas en un 97 %, debilitando el principio de separación de poderes.
En materia presupuestaria, el CNA señaló que el Congreso Nacional manejó cerca de 6,000 millones de lempiras durante el periodo evaluado, con una ejecución aproximada del 80 %, concentrada principalmente en salarios y beneficios, sin que existiera una rendición de cuentas clara sobre el uso de los recursos.
El informe concluyó que el Congreso Nacional se convirtió en una extensión del Poder Ejecutivo, con un manejo discrecional de la agenda legislativa, bloqueo sistemático a la observación ciudadana y uso reiterado de procedimientos excepcionales al margen de la Constitución.
Tras la presentación, la abogada Gabriela Castellanos, directora del CNA, entregó formalmente un ejemplar del informe al abogado Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional (2026-2030), quien reconoció que el documento servirá como registro de memoria institucional y como un insumo para no repetir las prácticas del periodo anterior.
