La diputada del partido Libertad y Refundación, Isis Cuéllar Erazo, se presentará mañana jueves de forma voluntaria ante la Corte Suprema de Justicia, informó Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial.
Asimismo, Jennifer Martínez, José Manuel Cerrato, Roxy Yanira Martínez y Luis Fernández se presentarán de forma voluntaria. Todos están implicados en el caso Sedesol y mañana jueves a las 09:00 am se llevará a cabo la audiencia de declaración de imputado.
La Fiscalía acusa a Cuéllar de cometer fraude al gestionar un millonario presupuesto en contubernio con José Carlos Cardona Erazo.
La diputada solicitó en mayo de 2023 al Congreso Nacional 6.5 millones de lempiras para el desarrollo de obras sociales de la partida conocida anteriormente como el cuestionado Fondo Departamental.
Cuéllar pidió que el monto fuera ejecutado por Sedesol, pese a que la Secretaría de la Presidencia había advertido que ese ministerio no estaba facultado para ejecutar proyectos.
La investigación de la Fiscalía señala que, en el caso de Sedesol, los involucrados aprobaron solicitudes de ayuda que no reunían los requisitos exigidos en el reglamento elaborado por la secretaría (copia de DNI, solicitud de fondos indicando la obra social, cotizaciones y documentos de respaldo como fotografías, comprobantes, recibos y constancias).
Arresto domiciliario para José Carlos Cardona
Ayer, un juez natural dictó arresto domiciliario con vigilancia policial para el exministro José Carlos Cardona y cuatro personas más acusadas de 67 delitos de fraude, en el marco de una investigación por el manejo irregular de fondos en la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Social (Sedesol).
Entre los acusados que comparecieron en la audiencia de declaración de imputado se encuentran el exsecretario de Sedesol, José Carlos Cardona Erazo, y otros funcionarios y empleados de la institución, como Reniery Fabrizzio Lazzaroni Soler, Eleny Kassandra Gáleas Arias, Ilsy Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno.
En total, son 12 personas las señaladas por el Ministerio Público en el caso del supuesto desvío de fondos estatales de Sedesol.