El presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, se dirigió este viernes al avance del proceso de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, mientras se encontraba inaugurando la oficina de antecedentes penales en el departamento de La Paz.
El magistrado presidente informó que la próxima semana se convocará a la sala de lo constitucional con jueces ad-hoc, quienes conocerán un recurso de amparo interpuesto a favor del exmandatario.
El 28 de marzo el pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó la orden de extradición de Hernández que, el 16 de ese mismo mes, autorizó un juez natural designado para que conociera sobre el arresto preventivo que con fines de extradición solicitó Estados Unidos el 14 de febrero. Luego del fallo del pleno de la CSJ, la defensa de Hernández presentó un nuevo recurso de amparo ante la sala constitucional en contra de la ratificación de la extradición, lo que según penalistas, no tendrá efecto porque el fallo del pleno es inapelable.
“Se hará con jueces ad-hoc porque los actuales quedan imposibilitados puesto que conocieron la causa en otras instancias, para luego seguir con el procedimiento en este caso, respetando los plazos y la ley”, dijo Argueta.
Al ser consultado sobre si la siguiente semana se llevará a cabo el traslado del exgobernante hacia los Estados Unidos, el funcionario respondió que “no tengo ese dato porque el procedimiento va avanzando, está en curso, no estoy en la capacidad de establecer el resultado de la acción de amparo que han presentado, eso sería un irrespeto y actuar al margen de la ley, así como pronunciarme sobre alguna materialización de la fecha”.
Aseguramientos e incautaciones
Por otro lado, el Ministerio Público inició este viernes el aseguramiento e incautación de los bienes muebles, inmuebles, sociedades mercantiles y productos financieros del expresidente Juan Orlando Hernández, quien el 14 de febrero fue pedido en extradición por Estados Unidos, que lo acusa de narcotráfico.
En un comunicado, el Ministerio Público indicó que a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), en conjunto contra la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (Dlcn), se procedió, luego de un coordinado trabajo de investigación patrimonial y financiero sobre el núcleo familiar de Hernández, a ejecutar una operación para el “aseguramiento e incautación” de los bienes del exgobernante “vinculados al núcleo familiar”.
Según la versión oficial, los familiares de Hernández “son sujetos de investigación conforme a las causales de privación de dominio de bienes de origen ilícito”.
Relacionada: Dos exfiscales de EEUU figuran entre defensores de Juan Orlando Hernández
El Ministerio Público señaló que presentó “solicitud ante el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de bienes de Origen Ilícito, para el aseguramiento e incautación de 33 bienes inmuebles distribuidos en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira”, en el centro, oriente y occidente de Honduras, lo mismo que “ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y productos financieros”.
“Es importante destacar que el juez competente decidió otorgar el aseguramiento del total de bienes fijados en la pretensión del Ministerio Público (lo que implica una prohibición registral de celebrar actos y contratos sobre los referidos bienes)”, añade el comunicado.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció esta semana que la esposa del expresidente y ex primera dama de Honduras, Ana García, realizó el traslado de dos propiedades a un banco en concepto de pago de deudas, por alrededor de 60 millones de lempiras (2,4 millones de dólares), una semana antes de que el pleno del Supremo ratificara la extradición de Hernández a Estados Unidos.
El Ministerio Público subrayó que “es del criterio que en relación a los bienes otorgados en dación de pago a una institución financiera, luego de iniciado el proceso de extradición (el 14 de febrero), se debe examinar la debida diligencia y acreditación de una tercería de buena fe exenta de culpa”.
Además, “sobre el resto de bienes han recaído inversiones en concepto de mejoras que entran en el período de investigación y por tanto constituyen una mezcla de capitales, como precepto autorizante para el otorgamiento de las medidas solicitadas por el ente fiscal”, indicó el Ministerio Público.
Hernández, quien fue titular del Parlamento (2010-2014) y presidente de Honduras (2014-2022), permanece recluido desde el 15 de febrero, cuando fue capturado en su residencia en Tegucigalpa, en una unidad especial de la Policía Nacional.
Hernández, de 53 años, fue presidente de Honduras hasta el pasado 27 de enero, después dos períodos de cuatro años que fueron salpicados por múltiples denuncias de presuntos actos de corrupción y narcotráfico, lo que no investigó ninguna autoridad del país ni tiene ningún juicio abierto en su contra en los tribunales.
